El activista Aldo Sergio Parodi presentó una ampliación de denuncia ante la UFI de Delitos Económicos de Mendoza, a cargo de la fiscal Mariana Pedot, en el expediente P/75.968/2025, en la que formula graves acusaciones contra Daniel Vila y José Luis Manzano. El escrito sostiene que ambos empresarios habrían participado, desde 2007, de una estructura destinada al lavado de activos y a facilitar un supuesto negocio de explotación sexual infantil, además de denunciar presuntas irregularidades y desaparición de documentación dentro de expedientes judiciales.

Parodi vincula sus acusaciones con el expediente FMZ 23039603/2004 y señala como presunta responsable de decisiones judiciales cuestionadas a Olga Pura Arrabal, a quien describe como cercana a Daniel Vila. También acusa a un abogado interviniente de haber abandonado el proceso y sostiene que habría desaparecido un cuerpo completo del expediente junto con documentación que se encontraba bajo custodia. Se trata de afirmaciones realizadas por el denunciante que deberán ser corroboradas mediante una investigación judicial y las correspondientes pruebas.

La presentación también incorpora acusaciones contra el funcionamiento de sectores del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Mendoza, y plantea una presunta conexión entre las maniobras denunciadas y la desaparición de niños y niñas. En ese punto, Parodi menciona públicamente casos de desapariciones de menores, aunque el escrito no aporta por sí mismo elementos que permitan establecer una relación judicialmente comprobada entre esos hechos y Vila o Manzano. Por la gravedad de las imputaciones, cualquier eventual vínculo debería ser establecido exclusivamente a partir de evidencia verificable.

Además, la denuncia solicita que se investigue el patrimonio y los movimientos financieros vinculados a Vila y Manzano, incluyendo supuestos fondos en el exterior, y reclama especial atención sobre las transferencias de futbolistas de Independiente Rivadavia, con particular énfasis en la operación relacionada con Sebastián Villa.

El denunciante sostiene que podrían existir movimientos de dinero no auditados y pide la intervención de organismos nacionales e internacionales especializados en lavado de activos. Todas estas acusaciones constituyen, hasta el momento, planteos formulados en una denuncia y no hechos acreditados judicialmente.