Una denuncia que comenzó con una vivienda del barrio Héroes de Malvinas derivó en acusaciones contra funcionarios municipales, presuntas amenazas, deudas de servicios y pedidos de explicaciones al intendente Sebastián Abella. El caso de Sonia Vidal, que reclama desde hace más de diez años la restitución de una propiedad que figura a su nombre, ya llegó a medios nacionales y puso al Concejo Deliberante (HCD) bajo presión.

Lo que inicialmente parecía un conflicto particular por una vivienda social terminó convirtiéndose en un expediente político de mayor alcance. En Campana, vecinos denuncian una presunta trama de ocupaciones de viviendas, protección política, amenazas y deudas de servicios que tendría como protagonista a Jorge Gabriel Panno, concejal oficialista y funcionario del Gobierno de Sebastián Abella.

El caso que concentra las miradas es el de Sonia Vidal, quien reclama desde hace más de una década la restitución de una propiedad ubicada en Isla Soledad 403, en el barrio Héroes de Malvinas. Según la documentación difundida sobre el caso, Vidal figura como titular del inmueble y sostiene que obtuvo autorización municipal para alquilarlo durante el período en que debió trasladarse temporalmente a Mar del Plata por razones de salud.

De acuerdo con su denuncia, una vez finalizado el contrato los ocupantes no abandonaron la propiedad. La situación derivó además en presentaciones judiciales por presuntas amenazas. Una de las acusaciones más graves señala que Vidal habría recibido en Mar del Plata una amenaza de muerte vinculada con su reclamo. Se trata de hechos denunciados que deberán ser establecidos por la Justicia y respecto de los cuales no corresponde anticipar responsabilidades penales.

Una vivienda, 2 ocupaciones y un funcionario en el centro de la escena

La propiedad aparece dividida entre una vivienda familiar y un local comercial ubicado en la esquina. Según las denuncias difundidas, el sector residencial estaría ocupado por Hernán Antonio Gazal, mientras que el local sería utilizado por Jorge Gabriel Panno.

Panno es una figura política estrechamente vinculada al oficialismo municipal y aparece mencionado en las publicaciones periodísticas que vienen siguiendo el caso como concejal y funcionario del área territorial. Los denunciantes sostienen que el local habría comenzado funcionando como gomería y posteriormente habría sido utilizado como espacio partidario vinculado al oficialismo local.

Estas afirmaciones forman parte de los testimonios y denuncias de los vecinos y no equivalen, por sí mismas, a una comprobación judicial.

La controversia se amplió porque vecinos también aseguran que existiría otro inmueble del mismo complejo habitacional ocupado presuntamente por Panno, esta vez perteneciente a un veterano de la Guerra de Malvinas. De confirmarse, el episodio dejaría de ser solamente un conflicto individual para convertirse en una cuestión institucional que debería ser investigada por el Municipio, el Instituto de la Vivienda y la Justicia.

También circulan acusaciones todavía más delicadas sobre presuntos episodios de violencia y sobre la presencia de menores en el local. Esas versiones fueron incorporadas al debate público por denunciantes y medios locales, pero requieren investigación judicial y no pueden presentarse como hechos comprobados.

La deuda de luz y las preguntas que todavía esperan respuesta

Otro de los puntos que alimentó la controversia es la situación de los servicios. Documentación difundida sobre el inmueble registra facturación eléctrica vinculada con Isla Soledad 403, mientras las denuncias periodísticas consignaron una deuda que llegó a superar los 528 mil pesos.

La pregunta que plantean los denunciantes es cómo se produjeron los cambios de titularidad de los servicios y quién asumió formalmente las obligaciones correspondientes. En particular, reclaman que se determine si existieron irregularidades administrativas, conexiones clandestinas o algún mecanismo que permitiera mantener los servicios pese a las deudas denunciadas.

El Municipio de Campana cuenta con procedimientos formales para los cambios de titularidad catastral y exige documentación que acredite la situación jurídica del inmueble. Esa circunstancia vuelve pertinente que se esclarezca qué documentación fue utilizada en cada trámite y quién intervino.

La controversia también se vio amplificada por fotografías y publicaciones en redes sociales que los denunciantes atribuyen a los ocupantes, en las que aparecen viajes a destinos turísticos de Brasil, México y República Dominicana. El contraste señalado por los vecinos es evidente: mientras una familia reclama desde hace años recuperar una vivienda que considera propia, los denunciados exhibirían un nivel de consumo y viajes que genera interrogantes sobre sus ingresos y patrimonio. Sin embargo, las fotografías por sí solas no permiten determinar el origen de los fondos utilizados para esos viajes.

Abella, obligado a explicar qué ocurre dentro de su propio Gobierno

El caso coloca ahora a Sebastián Abella ante una pregunta política difícil de esquivar: qué hará el intendente frente a las denuncias que involucran a uno de sus funcionarios y dirigentes de confianza.

Hasta el momento, las publicaciones periodísticas que abordaron el conflicto describen una creciente presión sobre el Ejecutivo municipal y sobre el Concejo Deliberante. El reclamo de los damnificados apunta a que se les permita exponer públicamente su situación y que el cuerpo deliberativo investigue las acusaciones.

La cuestión tiene además un antecedente político que vuelve más sensible el debate. Abella ya había quedado bajo cuestionamientos por el financiamiento y la publicidad vinculada con su participación en el Turismo Carretera, un episodio que generó discusiones políticas y referencias al Tribunal de Cuentas bonaerense.

Ahora, el intendente enfrenta un escenario diferente: las denuncias involucran directamente a un integrante de su estructura política y alcanzan una política particularmente sensible como la vivienda social. Si existe documentación que acredita la titularidad de Vidal, si hubo un contrato autorizado por el Municipio y si posteriormente la vivienda fue ocupada contra la voluntad de su titular, corresponde que los organismos competentes determinen qué ocurrió y por qué el conflicto permaneció durante tantos años.

El reclamo que puede convertir el caso en un problema nacional

Los damnificados reclaman el desalojo y la restitución de las viviendas, una reparación por el tiempo durante el cual no pudieron disponer de ellas, explicaciones públicas de Abella, la salida o licencia de Panno y una investigación que determine si existen otros casos similares.

También pretenden llevar el conflicto al Concejo Deliberante mediante una banca abierta. El objetivo es que las víctimas puedan hablar directamente ante los concejales y que el expediente deje de transitar exclusivamente por denuncias, redes sociales y publicaciones periodísticas.

El pedido más importante, sin embargo, apunta al Instituto de la Vivienda: conocer cuántas viviendas sociales del municipio tienen actualmente problemas de ocupación y, especialmente, si existen otros casos en los que funcionarios o personas vinculadas al poder político estén involucrados.

La Municipalidad de Campana dispone de áreas específicas de Hábitat y canales institucionales para abordar cuestiones vinculadas con viviendas y territorio. Por eso, la investigación no debería limitarse a determinar quién ocupa una casa: también debería establecer si existieron fallas administrativas, omisiones, autorizaciones irregulares o eventuales responsabilidades de funcionarios.

Campana queda así frente a un problema que excede ampliamente a una vivienda de Isla Soledad. Si las denuncias son falsas, corresponde que los involucrados aporten la documentación necesaria y que la Justicia las descarte. Si existen irregularidades, será responsabilidad de los organismos competentes determinar quiénes participaron, durante cuánto tiempo y por qué una familia pudo pasar más de diez años reclamando una propiedad mientras el conflicto permanecía sin solución.

La política local queda, mientras tanto, bajo una lupa incómoda. Porque una vivienda social no es una oficina partidaria ni un privilegio reservado para quienes tienen contactos: es, precisamente, una herramienta destinada a resolver una de las necesidades más básicas de una familia.

Y si un funcionario municipal aparece señalado en una denuncia por la ocupación de una de esas viviendas, la respuesta institucional no debería ser el silencio. Debería ser documentación, transparencia y Justicia.