El estado de la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 65 llegó a la Justicia a partir de dos presentaciones realizadas por Ignacio Alberto Zavaleta, vecino del partido de Guaminí, quien pidió que se investiguen posibles omisiones en materia de conservación y seguridad vial. Los planteos reclaman además medidas preventivas ante lo que considera situaciones de riesgo para quienes utilizan ambos corredores.

La primera presentación fue dirigida a la Fiscalía Federal número 1 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, y se concentra en la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Guaminí y Bahía Blanca. Allí se solicita una investigación por la paralización de obras e infraestructura de seguridad y se reclama la intervención de oficio para avanzar sobre distintos puntos considerados críticos.

Entre los problemas señalados aparecen la ausencia de una rotonda en la intersección de las rutas 33 y 60, obras vinculadas a accesos, la paralización de la autopista entre Tornquist y Bahía Blanca y el estado del distribuidor El Cholo, junto con los ingresos terrestres a las terminales portuarias. La presentación sostiene que estas condiciones comprometen la seguridad de usuarios y transportistas y solicita la reanudación de las obras y la ejecución de medidas preventivas.

El documento describe además desvíos precarios, sectores de ripio, calzadas deterioradas, problemas de señalización y desniveles en el tramo de la autopista paralizada. Sobre El Cholo, plantea dificultades vinculadas con los desvíos, la falta de iluminación y el deterioro provocado por el tránsito pesado que se dirige hacia los puertos de Ingeniero White y Galván.

Un pedido de medidas urgentes sobre la Ruta 33

Zavaleta solicitó una medida cautelar para que Vialidad Nacional sea intimada a intervenir en distintos puntos. Entre las acciones requeridas figuran infraestructura e iluminación en el cruce de las rutas 33 y 60, dársenas para los ingresos a Cochicó y Espartillar, trabajos en proximidades de Pigüé y mantenimiento urgente sobre los desvíos del tramo Tornquist-Bahía Blanca.

También pidió iluminación, bacheo y medidas sobre el distribuidor El Cholo, además de la presentación de un plan técnico y financiero para retomar y finalizar las obras paralizadas. Como parte de las pruebas propuestas, solicitó informes a Bomberos Voluntarios, Policía Vial y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, además de una pericia de ingeniería vial.

La Ruta 65, bajo otro planteo judicial

La segunda presentación fue dirigida a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y apunta al estado de la Ruta Provincial 65 entre Guaminí y Bolívar. Allí se solicita investigar una posible omisión en los deberes de conservación por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

El planteo describe baches profundos y deformaciones del asfalto, que obligarían a los conductores a realizar maniobras evasivas, además de banquinas descalzadas e inestables. También señala deficiencias en la demarcación horizontal y falta de cartelería vertical de advertencia, especialmente en los sectores considerados más comprometidos.

Ante esa situación, se pidió que el Ministerio Público Fiscal actúe de oficio, constate las condiciones de la calzada y requiera a Vialidad bonaerense información sobre los planes previstos para mantenimiento, bacheo de emergencia y señalización. También se solicitó la intervención de la Policía provincial para realizar un relevamiento del corredor.

Las dos presentaciones fueron formuladas como peticiones ciudadanas y no como litigios particulares. El objetivo expresado es que las fiscalías analicen las responsabilidades administrativas vinculadas con la conservación de las rutas y, en caso de corresponder, impulsen medidas preventivas antes de que se produzcan nuevos siniestros.