En un giro polémico y que ha encendido las redes sociales y debates en los círculos políticos, se denuncia que Edgardo “Tati” Reguera, quien ocupa el noveno lugar en la lista presentada por el gobernador chaqueño Leandro Zdero para diputados de "Chaco Puede", figura como personal de planta permanente en la Cámara de Diputados de la Nación sin cumplir con sus responsabilidades.

Según diversas publicaciones y fuentes parlamentarias, Reguera, que fue designado por el diputado Cipolini de Sáenz Peña, acumula su puesto de manera irregular y no asiste nunca a las sesiones de la cámara alta de la provincia de Buenos Aires.

La polémica se agrava al destacar que Tati Reguera ostenta otros cargos de alta responsabilidad, como:

• Presidente del Consejo de la Magistratura en el período 2022/2024 (aunque algunas informaciones recientes ubicaban su gestión alrededor del 2024).
• Presidente del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, cargo que ocupó durante el período 2014/2020.
• Presidente del Autódromo APICH, con mandato referido al período 2024/2026.

Según las afirmaciones que circulan en medios y plataformas digitales, en el sitio web oficial de la Cámara se publicaba su nombre en la categoría más alta, lo que habría derivado en aumentos salariales millonarios por concepto de paritarias, generando que sus ingresos alcanzaran cifras de millones de pesos mensuales.

En este sentido, diversas fuentes parlamentarias revelaron que, a pesar de recibir remuneraciones significativas, el candidato no asiste a las labores de la cámara, lo que ha motivado compararlo con un "ñoqui" (término coloquial en Argentina que se utiliza para referirse a quienes cobran sueldo sin realizar funciones laborales).

Estos hechos se suman a un clima de descontento y críticas de diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes ven en esta situación una muestra de la corrupción endémica que afecta al sistema parlamentario. La designación de "Tati" Reguera y la ausencia de actividad en su cargo han sido utilizadas como ejemplo de cómo ciertas figuras políticas acumulan altos cargos y remuneraciones sin cumplir con sus obligaciones institucionales.

Aunque la administración de la Cámara de Diputados y las autoridades pertinentes aún no han emitido una respuesta oficial sobre estas denuncias, la polémica ha calado hondo en el ambiente político local, alimentando llamados a una revisión exhaustiva del sistema de designaciones y al fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia.