Con más de 450 agentes en riesgo, los trabajadores comenzaron a autoconvocarse, desoyendo a los sindicatos tradicionales como ATE y UPCN, a los que acusan de entregar sus derechos y ser funcionales al ajuste.

En diálogo con RealPolitik, empleados confirmaron que al menos 170 firmaron una nota conjunta y comenzaron asesoramiento legal independiente para frenar el desguace.

El conflicto expone una interna sindical marcada por el disciplinamiento, acuerdos por debajo de la mesa y despidos selectivos.

En marzo de 2024, Daniela Ortiz, entonces titular de la ANSV, junto a Patricio Smith (fiscalización) y Diego Crespo (ATE), expulsaron a casi treinta trabajadores, en su mayoría militantes y afiliados críticos, especialmente de la base Hudson. Según revela RealPolitik, esta purga fue parte de un plan para consolidar el control interno y garantizar lealtades sindicales.

Actualmente, Smith sigue en funciones, sosteniendo una red de favores cruzados donde se protegen trabajadores con denuncias penales, siempre que estén alineados al oficialismo gremial.

La base Richieri es el ejemplo más escandaloso: Amílcar Bonelli, delegado de UPCN y jefe de base, habría encubierto casos de alcoholismo en servicio, coimas y sumarios enterrados. El caso de Alejandro “Chopper” García, citado por RealPolitik, resume el descontrol: fue procesado por pedir coimas y aún sigue cobrando su sueldo estatal, protegido por la estructura.

La situación se repite en la base Hudson, donde la oficina gremial está cerrada y los delegados no aparecen. Las elecciones de mayo, hechas sin competencia ni debate, renovaron fueros sin representar a nadie. Para los trabajadores, UPCN y ATE ya no defienden derechos, sino que intermedian el ajuste: salvan a sus amigos y abandonan al resto.

La conducción formal de la ANSV, en manos de Pedro Scarpinelli, es otra pieza clave. Su silencio ante las denuncias y falta de gestión lo colocan como cómplice por omisión o por acción directa. Para muchos empleados, ya no hay una agencia que regule la seguridad vial: solo queda un campo de supervivencia política y sindical, donde el vaciamiento avanza protegido por el encubrimiento.