Una serie de maniobras desde la Secretaría de Trabajo y el Municipio de Paraná apuntan a frenar una investigación por estafa y coacción contra el titular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOyEM), Jesús Núñez.

Con el aval de la intendente de Paraná, Rosario Romero, y el respaldo del ex jefe comunal Adán Bahl, funcionarios nacionales y locales habrían coordinado para "normalizar" el sindicato antes de que afloren detalles de un presunto desfalco de 74 millones de pesos y amenazas contra denunciantes.

Viaje a Buenos Aires: blindaje político

El pasado 16 de junio, un equipo conformado por Jesús Núñez, el secretario de Finanzas del sindicato Jesús "Pepi" Núñez, el dirigente Fabricio Gómez y el abogado Fernando García viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según fuentes consultadas, la comitiva se reunió con altos mandos de la Secretaría de Trabajo de la Nación (aún en manos de cuadros cercanos al kirchnerismo) para pedir la suspensión del proceso de normalización del SUOyEM. Dicha normalización, impulsada por la cartera laboral, podría develar las irregularidades financieras que motivaron denuncias ante la Justicia.

El viaje, confirman voceros con acceso a las agendas oficiales, fue gestionado directamente por la intendente Romero y fundamentado en un pedido expreso del exjefe comunal Adán Bahl. El objetivo declarado: "Evitar que un interventor federal llegue al sindicato y ponga en evidencia el manejo de fondos" que hoy se discute en tribunales.

Denuncias y represalias: el caso de Fabián Carreras

Entre quienes alzaron la voz contra Núñez, el municipal Fabián Carreras sufrió represalias contundentes. En noviembre de 2024, Carreras presentó ante la Secretaría de Trabajo un informe detallado de las irregularidades en las cuentas del SUOyEM y documentó presiones para que retirara la denuncia.

Según relató, Núñez lo amenazó con su despido si no abandonaba el reclamo.

La amenaza se concretó el 31 de diciembre de 2024, cuando la Municipalidad de Paraná registró su baja. Sin embargo, Carreras siguió concurriendo a sus tareas y marcando asistencia en abril de 2025.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en un fallo del 12 de junio de 2025, ordenó al municipio pagarle el salario correspondiente a abril, al considerar "inadmisible la defensa de un supuesto cese que nunca fue notificado formalmente" y que el trabajador continuó prestando servicios.

"El actor continuó prestando tareas para el municipio durante abril, resultando inadmisible la defensa de que el vínculo venció en diciembre", sentenció el vocal Miguel Giorgio.

Maniobras de presión y arsenal jurídico

La estrategia para desacreditar a Carreras incluyó presentar su despido como fechado el 11 de abril de 2025, días antes del fallo judicial que lo favoreció. El responsable: Marcelo Franco, abogado de confianza de Rosario Romero y asesor del propio Jesús Núñez.

El objetivo era nulificar la carta documento con la que Carreras reclamaba rendición de cuentas sobre el dinero devuelto tras un acuerdo preliminar y, al mismo tiempo, dificultar la entrega del padrón de afiliados que permitiría convocar una asamblea.

La falta del padrón impediría, según distintas fuentes internas del sindicato, que los afiliados voten la formación de una comisión interventora y un eventual recambio de autoridades, lo que a su juicio podría "exponer el entramado de coimas y asignaciones irregulares" que rodea al círculo de poder local.

La advertencia al secretario Cordero

La filtración de un dictamen interno de la Secretaría de Trabajo (con un pronunciamiento favorable a la intervención de SUOyEM) desató tensiones mayúsculas dentro de la cúpula sindical. En un audio que este medio obtuvo, un dirigente advierte: "Con este dictamen del Superior Tribunal de Justicia se cae todo el circo y la Secretaría de Trabajo me tiene que dar el guiño, porque si no tengo que denunciar también a Julio Cordero o al doctor Aquino".

En ese pasaje, se menciona al secretario de Trabajo, Julio Cordero, como posible blanco de denuncias cruzadas si no se retrasa la normalización del sindicato.

Afiliados exigen transparencia

Mientras tanto, cientos de afiliados municipales reclaman rendición de cuentas y exigen que la Justicia avance sin interferencias políticas. En las últimas semanas, un grupo de trabajadores agrupados en la Corriente Sindical Auténtica presentó nuevas exhibiciones bancarias y actas de asamblea que apuntan a desbaratar la versión oficial del SUOyEM.

Organismos de control, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Entre Ríos, revisan ahora no solo el destino de los fondos sino también posibles delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad al interior de la Municipalidad de Paraná.