Los  sindicalistas entrerrianos Jesús Núñez, Fabricio Gómez y Fernando García, acompañado del asesor legal de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por pedido de la intendente de Paraná, Rosario Romero.

Durante su estadía, mantuvo negociaciones con un funcionario de la Secretaría de Trabajo por pedido de otro peronista: Adán Bahl. Es sabido que la cartera nacional siempre trabajaron empleados kirchneristas infieles pero, de los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA), ya es de algo que no se esperaba.

Según fuentes cercanas, el sindicalista habría tenido que poner 16 millones de pesos, a cambio de frenar la normalización del sindicato. Se alega que sus compañeros firmaron un acuerdo en la que devolvieron dicho monto, en la que están implicados dentro de la estafa millonaria.

La normalización del sindicato ha generado gran expectativa entre los afiliados, quiénes buscan transparencia y justicia en la gestión de los fondos gremiales.

La oferta que habría recibido funcionario podría tener implicaciones legales y éticas significativas. La Secretaría de Trabajo deberá esclarecer las circunstancias de esta negociación y determinar si se han violado leyes o regulaciones.

Los afiliados al sindicato y la opinión pública esperan una investigación exhaustiva y transparente sobre estos hechos. La credibilidad y la integridad del sindicato y de la Secretaría de Trabajo están en juego.

Acuerdo caído y denuncias

Los denunciantes días atrás se presentaron ante el fiscal y dieron por caído el acuerdo en la justicia y esperan novedades.

Por otro lado, Fabián Carreras denunció nuevamente a Núñez, por coacción, tráfico de influencias y amenazas al sindicalista que al enterarse del dictamen, mandó a amenazar a Carreras.

Según información disponible, brindada por el mísmo Núñez en reunión de comisión directiva, estos funcionarios prometieron frenar la investigación sobre el escándalo de estafa. El monto actualizado ronda los 74 millones de pesos en el que estan implicados los 4 sindicalistas.

Sin embargo, la promesa de frenar la investigación genera dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de la Secretaría de Trabajo. La misma debe ser exhaustiva y transparente para determinar la verdad y aplicar sanciones si corresponde.