Un violento episodio ocurrido el viernes 17 de enero en el límite entre los distritos bonaerenses de General Rodríguez y Moreno dejó al descubierto no solo una situación de desorden institucional, sino también una fuerte interna política que atraviesa a ambos municipios.

Todo comenzó cuando personal de la Municipalidad de General Rodríguez procedió al secuestro de dos camiones que realizaban tareas con maquinaria pesada en un barrio del distrito sin contar con la documentación correspondiente. Uno de esos vehículos resultó ser propiedad del Municipio de Moreno, lo que encendió rápidamente el conflicto entre ambas comunas.

Según relataron fuentes oficiales, tras el secuestro del camión se produjo un intento de "rescate" por parte de funcionarios y militantes vinculados al Municipio de Moreno. La situación escaló de manera abrupta y derivó en una persecución por la vía pública, con maniobras temerarias y un fuerte enfrentamiento con agentes municipales de General Rodríguez.

Durante el episodio, el camión involucrado embistió un patrullero municipal y se registraron agresiones físicas contra trabajadores del área de tránsito. Como consecuencia, al menos dos agentes resultaron heridos: uno con golpes de consideración y otra trabajadora en estado de shock, quienes debieron recibir atención médica. Los hechos fueron denunciados ante la Justicia y quedaron registrados en actuaciones policiales.

Más allá del aspecto estrictamente policial, la situación expuso un trasfondo político de mayor profundidad. De acuerdo a lo señalado en la investigación periodística, el camión secuestrado estaría vinculado a una funcionaria del Municipio de Moreno que además cumple un rol como referente del Movimiento Evita, lo que introduce un componente de interna dentro del peronismo local.

En ese marco, el episodio es interpretado como una manifestación de las tensiones existentes entre distintos sectores del justicialismo bonaerense, en un contexto de disputas territoriales, control de recursos y posicionamientos de cara a futuros escenarios electorales. La utilización de maquinaria municipal fuera del distrito propio y la reacción posterior generaron cuestionamientos sobre el uso de bienes públicos y el accionar de funcionarios.

Desde el Municipio de General Rodríguez sostuvieron que el procedimiento se realizó en el marco de las normativas vigentes y que no se podía permitir el trabajo de maquinaria sin autorización ni documentación, independientemente de su origen. En tanto, desde Moreno evitaron declaraciones públicas de alto perfil, mientras el hecho sigue siendo materia de investigación.

El episodio dejó como saldo heridos, denuncias cruzadas y un fuerte impacto político que reavivó la discusión sobre los límites institucionales, la convivencia entre municipios vecinos y las internas partidarias que, lejos de resolverse en el ámbito político, terminaron trasladándose a la calle con consecuencias graves.