La figura de Fernando Butti, ex contador del conglomerado empresarial del polémico empresario Lázaro Báez, vuelve a cobrar actualidad.

Mientras continúa siendo investigado y procesado en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, Butti desempeña hoy funciones en el ámbito sanitario provincial, lo que vuelve a poner en tensión su trayectoria y sus vínculos políticos.

Un nuevo destino profesional

Según publicó iProfesional el pasado 16 de mayo, Butti ingresó como empleado y en ocasiones proveedor al Centro Articulador de Políticas Sanitarias de Río Gallegos, a cargo de Rocío García, pareja del diputado Máximo Kirchner.

Allí utiliza una camioneta oficial para el traslado de insumos y medicamentos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales para un profesional imputado en causas de alto perfil.

La Justicia no afloja

En paralelo a su actividad en el Estado, el 11 de junio la Cámara Federal de Casación rechazó su pedido de libertad asistida en el marco del expediente por presunto lavado de activos conocido como “Ruta del Dinero K”.

La resolución ratificó que, pese a no estar en prisión preventiva, el grado de riesgo procesal y la complejidad de la investigación justifican la negativa a otorgarle un régimen de semilibertad o asistencia en domicilio.

Investigado como posible testaferro

Desde hace años el fiscal Guillermo Marijuán lo señala como uno de los posibles testaferros de Báez en la adquisición de estancias millonarias y en la operatoria de numerosas sociedades vinculadas al empresario patagónico.

Los documentos fiscales y bancarios apuntan a que Butti habría intervenido de manera directa en el manejo de fondos de origen dudoso, tanto en el país como en el exterior.

Procesamientos y embargos

El juez federal Julián Ercolini procesó a Butti junto a otros miembros del grupo empresario y ordenó embargos sobre sus bienes, en una estrategia destinada a garantizar eventuales devoluciones al Estado.

A pesar de las apelaciones y presentaciones de eximición de prisión, el entramado de sociedades off‑shore y maniobras societarias ha mantenido la causa activa sin visos de cierre inminente.

Perspectivas y polémicas

La dualidad de roles que hoy combina Butti (funcionario o proveedor estatal y sujeto de una investigación por lavado de activos) alimenta el debate público sobre la idoneidad y la transparencia en el empleo de ex colaboradores de Báez dentro de la administración pública.

Organismos de control y referentes opositores reclaman explicaciones y revisiones de contrataciones, mientras el oficialismo defiende la contratación de personal idóneo, sin importar su pasado judicial.

La causa “Ruta del Dinero K” ya alcanzó a varios eslabones de la red financiera de Báez, pero el caso de Fernando Butti escapa a la lógica de la cárcel preventiva y se adentra en el terreno político y mediático de Santa Cruz.

Su actuación en Río Gallegos y el rechazo a su libertad asistida ratifican que, al menos por ahora, la justicia mantiene intacta la presión sobre uno de los hombres que manejó las cuentas más sensibles del holding Báez.