La adhesión de distintos funcionarios y dirigentes políticos al denominado régimen de Inocencia Fiscal volvió a generar debate sobre los límites entre simplificación tributaria, transparencia y control patrimonial. Las críticas se centran en que algunos de los beneficiarios del sistema participaron previamente en la promoción, defensa o implementación de la normativa.

Entre los nombres mencionados aparece Juan Pazo, ex titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y uno de los impulsores del esquema durante su gestión. Según registros oficiales, también adhirió al régimen simplificado de Ganancias tras dejar el cargo público.

A esa lista se suman figuras como José Luis Espert, quien respaldó la iniciativa durante su tratamiento legislativo, además del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro Federico Sturzenegger y el actual titular de ARCA, Andrés Vázquez.

Los cuestionamientos apuntan principalmente a que el régimen limita determinadas verificaciones vinculadas con la evolución patrimonial de quienes adhieren al sistema. Para sus detractores, esto genera un escenario que puede debilitar los mecanismos de control sobre funcionarios y personas con responsabilidades públicas.

Desde el Gobierno nacional sostienen una interpretación diferente. Argumentan que se trata de una herramienta destinada a simplificar la presentación de declaraciones tributarias, reducir burocracia y facilitar el cumplimiento fiscal sin modificar las obligaciones impositivas de los contribuyentes.

El debate también incorporó críticas provenientes de sectores productivos y empresariales del interior del país. Algunos referentes sostienen que existe una diferencia entre los beneficios otorgados a determinados sectores y las dificultades que enfrentan comerciantes, productores y pequeñas empresas para afrontar la presión tributaria y los costos operativos.

En ese contexto, surgieron cuestionamientos políticos sobre el alcance de la ley y el rol de los legisladores que respaldaron la iniciativa. Los sectores críticos consideran que la normativa puede generar privilegios para quienes tienen mayores recursos o acceso a estructuras financieras más complejas.