La condena a prisión perpetua contra el ex policía bonaerense José Antonio Cácere quedó bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la presentación de recursos extraordinarios y nuevos escritos que piden una revisión integral del expediente. En los últimos días, la Fundación Apolo se sumó como amicus curiae, reforzando los cuestionamientos sobre cómo se valoraron las pruebas en el juicio.

El fallo original fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de La Plata con votos divididos. Dos jueces se pronunciaron por la condena y una magistrada votó en disidencia, un dato que la defensa considera central tratándose de una pena máxima. A partir de ese escenario, los planteos buscan que el máximo tribunal revise si se cumplieron los estándares exigidos.

Uno de los puntos más controvertidos es la prueba médica. La autopsia oficial concluyó que la muerte fue natural y sin signos de violencia, pero la sentencia se apoyó en una pericia posterior elaborada sin examen directo del cuerpo y basada en fotografías, que propuso una hipótesis distinta sobre el fallecimiento.

El abogado defensor, Fabián Amendola, sostiene que el fallo no explicó por qué se priorizó esa reconstrucción indirecta por sobre el estudio forense realizado con cuerpo presente. También cuestiona que no se haya superado el estándar de duda razonable frente a conclusiones técnicas contrapuestas, lo que, según su postura, debilita la solidez de la condena.

A los pedidos ya presentados por Inocente Colectivo y una Asociación de Derechos Humanos y Violencia de Género, se sumó la Fundación Apolo, que también advirtió sobre posibles irregularidades en la valoración de la prueba. Las organizaciones coinciden en que el caso plantea un debate más amplio sobre el estándar probatorio en condenas a prisión perpetua.

Las presentaciones insisten en que no se trata de un reclamo de impunidad. El planteo apunta a garantizar que una condena de máxima gravedad esté respaldada por pruebas sólidas y analizadas conforme a derecho, en un expediente que, según señalan, presenta aspectos que deben ser revisados en profundidad.

La definición ahora quedó en manos del máximo tribunal. Mientras tanto, Cácere sostiene su inocencia y su familia reclama que se reevalúe el proceso completo, a la espera de una resolución que determine si la condena queda firme o si se abre una nueva instancia de análisis.