La adjudicación de la licitación del transporte urbano en Paraná quedó envuelta en un conflicto que ya no es solo gremial ni técnico, sino abiertamente legal y político, con acusaciones directas al Ejecutivo municipal por presuntas violaciones a normas laborales de orden público. Los choferes afectados apuntan de manera explícita a la responsabilidad de la intendente Rosario Margarita Romero como autoridad concedente.

Según denuncian, el pliego licitatorio elaborado, aprobado y adjudicado por el Municipio omitió garantizar la continuidad laboral establecida en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, que obliga a preservar los puestos de trabajo, la antigüedad y los derechos adquiridos ante cualquier cambio de concesión del servicio. Se trata de una norma imperativa que, remarcan, no puede ser desplazada por contratos administrativos ni por interpretaciones discrecionales.

Desde el sector rechazan el argumento oficial que intenta trasladar la responsabilidad al gremio por no haber observado el pliego en tiempo y forma. “Ese planteo es jurídicamente insostenible”, aseguran. Subrayan que la ley laboral no depende de advertencias sindicales ni de reclamos previos, y que el Estado está obligado a cumplirla aun cuando nadie se lo recuerde.

En ese marco, señalan que el Municipio de Paraná no puede presentarse como ajeno al conflicto, ya que fue quien diseñó el pliego, lo aprobó, adjudicó la licitación y además controla el servicio. En consecuencia, sostienen que la intendente tenía el deber legal de asegurar que el proceso respetara la normativa laboral vigente, algo que, según denuncian, no ocurrió.

Los choferes remarcan además que el Ejecutivo municipal cuenta con facultades legales suficientes para corregir el pliego y exigir a la empresa adjudicataria la absorción del personal en las condiciones que establece la ley. “No hacerlo no es una imposibilidad jurídica, es una decisión política”, advierten.

De mantenerse esta situación, alertan que el Municipio se expone a una judicialización inevitable, que podría derivar en condenas económicas millonarias cuyo impacto final recaería sobre los vecinos de Paraná. “El conflicto no lo generaron los trabajadores. Lo generó una licitación mal hecha y la negativa del Ejecutivo a corregirla”, sostienen.

Finalmente, rechazan cualquier intento de responsabilizar al gremio o a los choferes por un error estatal. “En derecho laboral, los derechos no se pierden por silencio sindical ni por omisiones administrativas. Cuando el Estado viola la ley, el responsable no es el trabajador: es quien gobierna”, concluyen.