El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó con firmeza el acuerdo impulsado por el presidente del cuerpo, Martín Menem, para designar autoridades en la Auditoría General de la Nación y anticipó que el espacio analiza una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad del procedimiento.

El planteo se produjo durante la sesión en la que se avanzó con el reparto de cargos sin consenso de los bloques mayoritarios.

Según señalaron fuentes parlamentarias, el PRO considera que la designación de auditores no podía tratarse en sesiones extraordinarias, ya que no forma parte del temario enviado por el Poder Ejecutivo ni corresponde al funcionamiento interno de la Cámara. En ese marco, Ritondo advirtió públicamente que el procedimiento vulnera lo establecido en la Constitución Nacional.

Durante su intervención, el legislador citó el artículo 65 de la Constitución y explicó que, fuera del temario de extraordinarias, solo pueden abordarse cuestiones de funcionamiento interno, privilegios, juras o elección de autoridades parlamentarias. “La AGN es un órgano de control externo, cuya función excede el funcionamiento interno del Congreso”, sostuvo, respaldado por dictámenes jurídicos.

A pesar de las advertencias, Menem avanzó con la votación y tomó juramento a los nuevos auditores, entre ellos Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza y Juan Ignacio Forlón, vinculado a La Cámpora, además de una representante alineada con el gobernador salteño Gustavo Sáenz. El reparto dejó afuera al PRO, la UCR, Provincias Unidas y la izquierda.

Desde el bloque PRO remarcaron que la objeción no es política sino institucional, y que el reclamo apunta a preservar las reglas constitucionales que rigen el funcionamiento del Congreso y de los organismos de control. En ese sentido, confirmaron que los abogados del espacio están analizando una presentación judicial para impugnar las designaciones.

La decisión también tendrá impacto parlamentario. Desde el PRO anticiparon que no seguirán garantizando el quórum de manera automática, como lo venían haciendo en sesiones anteriores, y que cada convocatoria será evaluada caso por caso. “Vamos a acompañar lo que consideremos correcto, pero sin convalidar atropellos institucionales”, señalaron desde el bloque.