Un dato que genera ruido en el discurso público salió a la luz en Nueve de Julio y tiene como protagonista a Luis Moos, flamante concejal de La Libertad Avanza (LLA). Al ingresar la patente de su vehículo en el buscador oficial de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires, el resultado es contundente: acumula 16 multas de tránsito.

El monto total de las infracciones supera los 4 millones de pesos, una cifra que no pasa desapercibida en un contexto económico donde el ajuste, la austeridad y el cumplimiento de las normas suelen ser ejes centrales del mensaje libertario. La situación expone una contradicción difícil de explicar para un dirigente que forma parte de un espacio político que hace bandera del orden, la responsabilidad individual y el respeto por la ley.

Más allá de la legalidad formal de las infracciones, el caso instala un debate político y ético. Un concejal no es un ciudadano más: representa al Estado y participa en la elaboración de normas que luego debe cumplir la sociedad. La acumulación de multas no parece un descuido aislado, sino una conducta reiterada que erosiona la credibilidad del cargo que ocupa.

El episodio deja una pregunta abierta en la escena local: ¿Con qué autoridad moral se puede exigir cumplimiento de las reglas cuando desde la propia función pública se las vulnera de manera sistemática? Mientras tanto, los números están a la vista y la coherencia entre discurso y práctica vuelve a quedar en el centro de la discusión política.