Puentes afirmó que existía un registro de cerca de 600 vehículos entre autos y motos secuestrados por el municipio, con actas, legajos y patentes identificadas, pero que actualmente no habría rastros físicos de esos rodados en los depósitos municipales.

De acuerdo con su exposición, la normativa exigía que los vehículos no estuvieran judicializados, que se notificara a los titulares y que se publicaran edictos antes de avanzar con cualquier proceso de compactación. Sin embargo, sostuvo que esos pasos no se habrían cumplido en su totalidad.

En ese marco, el dirigente denunció que el procedimiento administrativo habría sido ejecutado de todos modos y que, antes de la supuesta compactación, se habrían retirado piezas de los vehículos para su presunta comercialización, lo que a su entender configuraría distintas figuras penales.

Entre los delitos mencionados en la presentación figuran presunta asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, robo automotor agravado en poblado y en banda y falsificación de documentación pública, entre otros.

Puentes también aseguró que la denuncia se sustenta en documentación que habría recibido en su estudio, incluyendo expedientes municipales que ya fueron aportados a la fiscalía, donde solicitó intervenir como particular damnificado.

Además, vinculó el caso con un operativo reciente realizado en la colectora norte del acceso oeste en General Rodríguez, donde se habrían detectado vehículos irregulares y una compactadora que, según su relato, habría funcionado sin habilitación completa durante años.

La investigación judicial ahora deberá determinar la veracidad de los hechos denunciados, la existencia o no de los vehículos faltantes y el cumplimiento de los procedimientos legales en el proceso de compactación.