El expediente quedó radicado en la Fiscalía número 9 de General Rodríguez, a cargo de Alejandra Rodríguez. El Juzgado de Garantías reconoció a Puentes como particular damnificado, una condición que le permite proponer pruebas e impulsar medidas dentro de la causa.

Uno de los puntos cuestionados es la utilización de una ordenanza que autorizó al Ejecutivo municipal a contratar una empresa compactadora. Según el abogado, la legislación provincial solo permite destruir vehículos secuestrados por la Policía Bonaerense que representen un riesgo sanitario o ambiental y no aquellos retenidos directamente por el Municipio.

Puentes aseguró que las áreas de Salud y Medio Ambiente advirtieron que la compactación debía limitarse a las unidades depositadas en dependencias policiales. Pese a esas observaciones, los expedientes habrían continuado avanzando desde la Secretaría de Seguridad municipal.

La ampliación también pidió desarchivar una denuncia anónima anterior. Esa presentación advertía sobre una presunta maniobra mediante la cual los vehículos eran trasladados a una compactadora sin habilitación, donde supuestamente los desarmaban para comercializar puertas, computadoras y otras autopartes.

El denunciante cuestionó además que la contratación de la empresa se habría realizado de manera directa y sin intervención del área legal. “El contrato fue firmado directamente por el intendente. Entendemos que debía hacerse mediante una licitación pública”, sostuvo.

La Fiscalía solicitó en dos oportunidades la documentación correspondiente al Municipio. Puentes afirmó que ya aportó copias de los expedientes y que ahora se busca determinar si la administración conserva los originales.

El abogado apuntó directamente contra el intendente Mauro García al señalar que tenía conocimiento y había autorizado el procedimiento. La Justicia deberá establecer las responsabilidades administrativas y penales, mientras intenta reconstruir el destino de los vehículos retenidos.