Una serie de presentaciones institucionales fueron remitidas en las últimas horas al Senado de la Nación, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité Especial de Descolonización de la ONU con el objetivo de denunciar distintas decisiones y omisiones atribuidas al Gobierno de Javier Milei. Los escritos abarcan desde el debate sobre una eventual modificación del régimen electoral hasta cuestionamientos por la política oficial frente a la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Los documentos sostienen que la posibilidad de habilitar listas colectoras implicaría una alteración de la transparencia electoral y una afectación de la autenticidad del sufragio. La presentación enviada al Senado solicita rechazar cualquier reforma que incorpore ese mecanismo y reclama un amplio debate institucional con participación de especialistas, universidades y la Justicia Electoral antes de modificar las reglas de juego.

Como si las discusiones económicas ya no alcanzaran para tensar el clima político, otro de los planteos apunta contra la advertencia de avanzar hacia un esquema de paralización del Estado si el Congreso no aprueba la Ley de Presupuesto. En la presentación se afirma que la Constitución prevé mecanismos para garantizar la continuidad institucional y que un eventual cierre de organismos no sería una consecuencia inevitable sino una decisión política incompatible con el funcionamiento permanente del Estado.

El paquete de denuncias también pone el foco sobre la política exterior de la administración libertaria. Allí se cuestiona la respuesta oficial frente al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum en la Cuenca Norte de Malvinas. Según el escrito, el Poder Ejecutivo mantiene una actitud pasiva ante una explotación considerada ilegal sobre la plataforma continental argentina y se solicita la intervención del Senado para exigir explicaciones a la Cancillería y al Ministerio de Economía.

La misma denuncia fue elevada además ante organismos de Naciones Unidas, donde se expone la presunta vulneración de compromisos internacionales vinculados a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y se pide que el caso sea incorporado a los mecanismos internacionales de seguimiento. El documento sostiene que la inacción estatal no representa la voluntad soberana del pueblo argentino y reclama medidas frente al avance del proyecto hidrocarburífero.

Mientras la Casa Rosada insiste en presentarse como la única dueña del manual de la institucionalidad, las presentaciones buscan instalar otra discusión. Para sus impulsores, el Gobierno no solo pretende modificar reglas electorales y utilizar el Presupuesto como herramienta de presión política, sino que además permanece inmóvil frente a un conflicto de soberanía que vuelve a poner a Malvinas en el centro del debate.