El monto defraudado ascendería a los 1 mil millones de dólares, con un perjuicio que alcanza a usuarios, al Estado nacional, provincial y municipal, y a la compañía CAMMESA. La maniobra central consistía en simular contratos de servicios y alquileres con empresas creadas ad hoc para ingresar dinero al circuito legal y justificar patrimonios.

Mario Cambareri y Franco Domizzi completan el núcleo duro de la organización. Cambareri está a cargo de la Fundación del Golfo y del Puerto de Comodoro, mientras que Domizzi es presidente de la SCPL y ex titular de esa misma fundación. Además, Domizzi es socio de COINPA SRL, una de las sociedades que figuraba como proveedora de la cooperativa y que compartía teléfono con el propio Jones.

El entramado societario incluye al menos quince firmas. Entre ellas se destacan Prekad SRL, vinculada al secretario general de UOCRA Raúl Conejo Silva; Kona Seguridad S.R.L., de Bustos y Jones; Tierra y Mar S.R.L.; La Vineria S.R.L.; Ismael S.R.L.; y Claerwyn S.A.S. También aparecen en la denuncia Andes Obras y Servicios S.R.L., Contactos Travel S.R.L. y Acun Leufu Sociedad Anónima, esta última vinculada al ex gobernador Mariano Arcioni.

Claudio Yncio y Sergio Larreguy son señalados como testaferros de Jones y de Conejo Silva. Yncio, que figura como titular de Andes Obras y Servicios, también es socio del abogado Lázaro Báez en Pool S.R.L. y tiene vínculos con el ex gobernador Arcioni a través de Acun Leufu S.A. Larreguy, por su parte, aparece vinculado a Contactos Travel S.R.L.

Dos direcciones de Comodoro Rivadavia concentran gran parte de las operaciones: España 902 y Chacabuco 658. En la primera funciona actualmente el concejal Ariel Montenegro, representante de Conejo Silva en la ciudad, y allí tenía su sede el estudio COINPA. El teléfono de esa oficina, 02974472460, figuraba registrado a nombre de Elías Jones. En Chacabuco 658, en tanto, estuvo radicada la Fundación del Golfo y también allí domiciliaba Fernando Gargiulo, socio de Jones en Tierra y Mar S.R.L.

La Fundación del Golfo aparece como el principal vehículo para canalizar el dinero ilícito. Desde allí realizaban entregas a instituciones, vecinales y supuestos contratos de servicios truchos. La denuncia sostiene que parte de esos fondos se destinaban a financiar actividad política y coimas a funcionarios. Actualmente la fundación funciona en Alem 750 de la misma ciudad.

Juan Lagoa, señalado como delegado del gremio de la carne en Comodoro, cumpliría funciones logísticas y tendría vínculos con jefes de la barra brava de Boca Juniors. Según la denuncia, Lagoa operaría en CABA con una red de prostitución vip y facilitaría traslados de dinero. También tendría conexiones con el senador Carlos Linares, con el sindicalista Conejo Silva y con Claudio Morales y Adrián Currulef, ambos con antecedentes penales por narcotráfico y homicidios. La denuncia advierte que Lagoa ya no responde a Jones y busca quedarse con el control de la SCPL.

Un ex jefe de la policía de Chubut de apellido Bustos completaría el organigrama. Su función sería brindar información y realizar seguimientos a personas del entorno de Jones para evitar denuncias. Bustos es socio de Jones en Kona Seguridad S.R.L., otra de las empresas utilizadas para lavar dinero.

La denuncia fue presentada con documentación respaldatoria extraída del Boletín Oficial de la provincia del Chubut. Allí se pueden rastrear las constituciones societarias y las cesiones de cuotas que evidencian el armado de la red. La investigación comenzó a tomar forma a partir de datos públicos y del cruce de domicilios y teléfonos entre las distintas firmas.