Un grupo de ciudadanos nucleados bajo la consigna "Usuarios Viales" difundió una proclama en la que denuncia un presunto "saqueo" de los recursos destinados a la infraestructura vial y reclama una profunda reforma del sistema de financiamiento y administración de las rutas nacionales y provinciales. El documento, impulsado por Ignacio Zavaleta, sostiene que el deterioro de la red vial responde a un "colapso planificado" y no a factores climáticos o coyunturales.

En el texto, los firmantes aseguran que el cobro de peajes en caminos que consideran destruidos constituye un "fraude vial flagrante" y una "exacción ilegal". Además, afirman que los fondos recaudados a través de la Ley Nacional 23.966 (que grava los combustibles) y la Ley Provincial 13.010 son desviados sistemáticamente hacia otros fines, en lugar de destinarse al mantenimiento y mejora de la infraestructura vial. También denuncian un supuesto "desmantelamiento técnico e intelectual" de la Dirección Nacional de Vialidad, al que atribuyen la pérdida de capacidad del Estado para planificar y controlar las obras públicas.

La proclama presenta cinco ejes centrales de reclamo. En primer lugar, exige el cese inmediato del cobro de peajes en aquellas rutas que no garanticen condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad. Asimismo, reclama que los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles sean declarados legalmente intangibles para impedir su utilización en otros destinos presupuestarios.

Entre las propuestas también figura la reconstrucción institucional de la Dirección de Vialidad mediante la recuperación de su estructura técnica y profesional. Además, plantea la creación de consorcios regionales integrados por municipios, productores y usuarios, con facultades de auditoría directa sobre la ejecución de los fondos destinados a la infraestructura vial en cada región.

Finalmente, el documento convoca a las Defensorías del Pueblo a impulsar acciones legales colectivas y denuncias penales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra quienes consideran responsables del deterioro de las rutas. La proclama concluye con un llamado a priorizar "la vida, la seguridad y el desarrollo del interior productivo", al advertir que el estado de la red vial continúa provocando accidentes fatales en distintos puntos del país.