La presunta estructura de fraude inmobiliario encabezada por el empresario argentino residente en Estados Unidos, Fernando Vicente Plastino, sumó en los últimos días nuevas acusaciones formales y el comienzo de un proceso penal que podría escalar internacionalmente.

Inversores argentinos que canalizaron dinero para comprar y administrar propiedades en Baltimore (Maryland, Estados Unidos) afirman haber sido víctimas de un esquema delictivo sistemático, que incluía falsas promesas de rentabilidad, casas en condiciones ruinosas, desvío de fondos y operaciones nunca entregadas.

El estallido se formalizó con una carta documento enviada desde La Plata, dirigida a Plastino, a su socio Julián María Carissimi, al colaborador César Humberto Fernández y a la periodista Paula Lugones (corresponsal de Clarín en Washington y esposa de Plastino), a quienes se los intimó por administración fraudulenta, estafas reiteradas y asociación ilícita.

Según ese escrito, el grupo habría montado su operatoria a través de FPBC LLC, desde donde administraban decenas de propiedades de inversores argentinos en Baltimore.

La operatoria, presentada en Argentina como una "oportunidad imbatible", incluía la compra de viviendas baratas en barrios vulnerables de Baltimore, donde supuestamente serían refaccionadas para luego generar ingresos en dólares mediante alquileres. Plastino y sus intermediarios prometían encargarse de todo: mantenimiento, cobro de rentas y envío periódico de ganancias.

Pero para múltiples inversores, el negocio se convirtió en un agujero negro. Los depósitos dejaron de llegar, los reportes desaparecieron y, con el tiempo, se enteraron de que muchas de las casas estaban inhabitables o directamente no habían sido entregadas.

El caso replica una tendencia que ya tiene antecedentes en Baltimore, donde empresas como ABC Capital y otras que operaban con inversores extranjeros (de Hong Kong, Israel o Turquía) terminaron dejando un reguero de casas abandonadas, barrios degradados y compradores defraudados.

La ciudad también puso la mira sobre Plastino: autoridades del Departamento de Vivienda confirmaron que están al tanto de sus "corporaciones fantasma" y que tomaron acciones judiciales sobre varias de sus propiedades.

En la intimación se detalla que durante 2 años de administración de las sociedades MYC LLC y JAY C LLC, FPBC habría retenido la totalidad de los ingresos por alquileres sin transferir un solo dólar a los propietarios, además de no pagar impuestos ni servicios, generando un perjuicio de 62.354 dólares.

También se denunció una estafa sobre la propiedad de 1411 Fulton Ave., por la cual se pagaron 130 mil dólares sin que jamás se realizara la transferencia. El dinero, según el documento, fue retirado en Argentina por César Fernández actuando para Plastino.

A esta estructura, además de Plastino, Carissimi, Fernández y Lugones, se sumaban Marcos Müller y Rafael Mújica Lázaro, no como damnificados, sino como parte central de la asociación.

Mújica, cuñado de Plastino, era señalado como su "mano derecha" y principal vendedor de propiedades, mientras que Müller cumplía funciones como administrador dentro del entramado.

La esposa de Plastino, Paula Lugones, es una reconocida periodista especializada en política internacional, docente universitaria y autora de un libro sobre Donald Trump, detalle que según inversores era utilizado para transmitir confianza y legitimidad.

Mientras la estructura de FPBC adquiría más de 200 casas desde 2018 (la mayoría por valores de entre 20 mil y 40 mil dólares), algunos inversores recién ahora toman dimensión de que las viviendas estaban en condiciones deplorables, lo que hacía prácticamente imposible su alquiler.

Ante el derrumbe del esquema, varios buscaron nuevos administradores para “salvar lo que queda”. El administrador Yehuda Blasenstein, contratado por un grupo de damnificados para intentar poner en condiciones cuarenta propiedades, describió la situación con crudeza: "No todos pueden permitirse invertir fondos adicionales después de ser jodidos", dijo en declaraciones a The Banner.

El escenario legal también se endurece. Desde La Plata adelantaron que, si los acusados no restituyen el dinero y no formalizan las transferencias pendientes en 72 horas, avanzarán con denuncias penales, pedidos de procesamiento y extradición, además de acciones civiles en Argentina y Estados Unidos. Se anticipa además que se impulsarán acciones colectivas con el respaldo de múltiples víctimas.

Fernando Plastino, Paula Lugones y los demás señalados no respondieron hasta ahora los intentos de contacto. Mientras tanto, la lista de damnificados crece, los barrios afectados en Baltimore acumulan nuevas casas deterioradas y las autoridades, tanto en Argentina como en Estados Unidos, comienzan a seguir de cerca una trama que ya amenaza con convertirse en un escándalo internacional.