Uno de los puntos más controvertidos es la prueba médica. La autopsia oficial, realizada con cuerpo presente por peritos de la Asesoría Pericial Oficial, concluyó que la muerte fue de causa natural y sin signos de violencia. Sin embargo, la condena se apoyó principalmente en una pericia posterior elaborada por Omar Alejandro Ledesma, basada en el análisis de una fotografía y sin examen directo del cuerpo, que planteó una hipótesis distinta sobre la mecánica del fallecimiento.

El abogado defensor, Fabián Amendola, sostiene que la sentencia no explicó de manera suficiente por qué se otorgó mayor valor convictivo a una reconstrucción indirecta por sobre la autopsia directa, ni cómo se superó el estándar de duda razonable frente a conclusiones técnicas contrapuestas.

En ese contexto, se presentaron ante la Corte dos escritos como amicus curiae, uno de Inocente Colectivo y otro de una Asociación de Derechos Humanos y Violencia de Género. Ambas organizaciones advirtieron sobre presuntas irregularidades en la valoración de la prueba y plantearon que el expediente abre un debate institucional más amplio sobre el estándar probatorio exigible en condenas a prisión perpetua.

Ahora, la definición quedó en manos del máximo tribunal. La familia de Cáceres insiste en que no busca impunidad, sino que se revise la causa antes de que la condena quede firme.