En el Municipio de Moreno vuelve a encenderse una señal de alarma que, según diversas fuentes, lleva años intentando ser silenciada. La protagonista: la fiscal Yésica Nocetti Dimitroff. El beneficiado: el comisario Matías Fontela, un funcionario policial que acumula denuncias, polémicas y antecedentes que, pese a su gravedad, nunca lograron avanzar en sede judicial.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en 2020 y está documentado públicamente. Se trata de un caso de usurpación de terrenos y amenazas en la localidad de Olivera, donde vecinos denunciaron maniobras delictivas vinculadas a grupos armados que operaban con total impunidad.

La situación, según consignó el portal especializado Actualidad en Seguridad, involucraba directamente a personal policial que, lejos de frenar el conflicto, habría tenido un rol activo en su desarrollo. Las acusaciones cayeron en saco roto. Nada avanzó. Nada se investigó a fondo.

Para los habitantes de Moreno y para quienes siguen el derrotero disciplinario de Fontela, este patrón es más que conocido.

Una fuente anónima, cuya declaración figura en el documento aportado, describe con crudeza y precisión la protección que envuelve al comisario: "Esa es la fiscal que lo tapa a Fontela… Ahí lo mandaron a Zárate, de Zárate lo mandaron a Escobar, y de Escobar lo mandaron a Las Catonas, de Las Catonas lo trajeron a Moreno. Y no lo nombran porque pone la tutuca".

El recorrido mencionado por la fuente refleja una dinámica repetida dentro de ciertas estructuras policiales bonaerenses: antes que sancionar, se traslada. Antes que remover, se reubica. Antes que investigar, se encubre. Todo mientras Fontela acumula destinos, contactos, poder interno y, según diversas denuncias, beneficios que no se corresponden con su historial.

Pero lo que más inquieta a los denunciantes no son solo los movimientos administrativos del comisario, sino el rol determinante de la fiscal Nocetti Dimitroff. En Moreno afirman que cada causa que roza a Fontela termina neutralizada antes de nacer. Sea cual sea la denuncia, el resultado siempre parece ser el mismo: archivo, dilación o inacción. Y mientras tanto, el comisario asciende, suma influencia territorial y conserva una red de protección que pocos funcionarios de su rango pueden ostentar.

El caso Olivera es apenas una pieza de un rompecabezas mayor. Las amenazas, los hechos violentos, los conflictos de tierra, los vínculos con determinados actores locales y las denuncias que nunca prosperan conforman, en conjunto, una estructura que funciona a la sombra. Una estructura que, según vecinos, policías retirados y fuentes internas, opera bajo la garantía tácita de que la Justicia local no avanzará.

Hoy, con nuevas voces que se animan a hablar y con registros documentados que vuelven a circular, el entramado vuelve a quedar expuesto. La pregunta es si esta vez la fiscal Nocetti Dimitroff deberá responder por su rol y si el comisario Matías Fontela seguirá siendo, como hasta ahora, un protegido del sistema.

Por ahora, la sensación en Moreno es que ambos continúan moviéndose dentro de un circuito blindado, donde las denuncias no entran y las responsabilidades no salen. Y donde la impunidad, lejos de ser un accidente, parece ser la norma.