Desde enero de 2025, el médico Alejandro Damián Wittenberg ocupa la titularidad de la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM) del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), una dependencia creada para auditar y supervisar el cumplimiento de los contratos con prestadores externos y la correcta aplicación de los recursos destinados a medicamentos y prestaciones sanitarias.

Su nombramiento (oficializado a través de una resolución interna del instituto) ha desatado un fuerte debate en los ámbitos políticos y gremiales, por considerar que concentra en un solo hombre las decisiones claves sobre la compra, distribución y fiscalización de fármacos e insumos médicos para más de cinco millones de afiliados.

El alcance del cargo: ¿poder absoluto en las compras?

La UGCPM nació en 2024 con el propósito público de “garantizar la transparencia en las contrataciones y controlar la calidad de la prestación médica”, según reza el anexo de creación de la unidad en el Boletín de PAMI (Resolución Interna 12/2024).

Sin embargo, quienes conocen la operativa del organismo sostienen que, de hecho, la UGCPM concentra la mayor parte de la potestad decisoria en materia de:

• Negociación de convenios con laboratorios y distribuidores.
• Auditoría de precios y márgenes de ganancia sobre los medicamentos incluidos en la “cartera básica” de cobertura.
• Fiscalización del cumplimiento de los contratos vigentes con centros de salud privados.
• Autorización final de licitaciones y “llamados a compulsa” para medicamentos de alto costo (oncología, hemofilia, UTI pediátrica, entre otros).

En este delicado cruce entre lo administrativo, lo médico y lo económico, el titular de la UGCPM no solo revisa expedientes: define qué fármacos deben incluirse en la cobertura al 100 por ciento para los jubilados, qué laboratorios son “colaboradores estratégicos” y, sobre todo, aprueba o rechaza adjudicaciones de licitaciones millonarias.

Quienes critican la gestión de Wittenberg afirman que esta concentración de funciones además de “excesiva”, roza la incompatibilidad con la Ley 24.156 (régimen legal de las Obras Sociales), pues el control interno debería compartirse entre gerencias distintas y no depender de un solo despacho.

“Es como si un mismo gerente aprobara la licitación y después audite los precios que él mismo decidió pagar. Esa falta de contrapesos inquieta a los prestadores y a los sindicatos”, asegura un referente de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) con presencia en el Consejo Directivo Central del PAMI.

Controversias por falta de transparencia

Desde Cambiemos, el bloque de la Coalición Cívica ARI (CCA)presentó un pedido de informes en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Investigación de PAMI, señalando “ausencia de datos públicos sobre los expedientes tramitados en la UGCPM desde su creación” y solicitando al director ejecutivo del instituto, Esteban Leguizamo, que remita “las actas de adjudicación de licitaciones de 2025” para medicamentos oncológicos y cardiológicos.

En concreto, la denuncia alude a faltante de publicación en la página web oficial del PAMI de las minutas que consignan cuáles fueron los laboratorios convocados o los criterios técnicos que llevaron a la adjudicación de coberturas al 100 por ciento de ciertos tratamientos.

A mediados de abril de 2025, la Asociación Jubilar “Vivir Mejor” advirtió públicamente que las “resoluciones internas de la UGCPM” no se encontraban disponibles en el sitio institucional, a pesar de múltiples solicitudes de acceso a la información por Ley 27.275 (Régimen de Acceso a la Información Pública).

“Los jubilados no saben si la UGCPM está pagando precios razonables o simplemente le otorga a algún laboratorio un volumen alto a cambio de favores políticos”, señaló en conferencia de prensa la abogada Valeria Carreras, de Jubilados Unidos por la Transparencia (JUT).

Reclamos sindicales y recortes en la atención

Por su parte, UPCN y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) PAMI han denunciado que la UGCPM, bajo la conducción de Wittenberg, impulsó una “centralización de recursos” que derivó en:

• Recortes presupuestarios en los efectores propios (hospitales y policlínicos a cargo directo del PAMI).
• Aplazamiento de pagos a prestadores privados hasta última instancia, con multas económicas incluidas, si no se ajustaban a las nuevas “condiciones técnicas” fijadas por UGCPM.
• Demoras en licitaciones de insumos esenciales (material de curación, kits de hemodiálisis), que dejaron a algunos centros de salud a la espera de equipamiento durante semanas.

“En marzo, el Hospital PAMI II de La Plata estuvo a punto de suspender atenciones de diálisis porque UGCPM demoró la licitación del filtro para la máquina. Al final hubo que recurrir a una compra de emergencia a precio más alto”, comentó un delegado gremial que prefirió mantener el anonimato.

Este tipo de ausencias en la provisión de insumos (denunciadas en ámbitos locales) alimenta el malestar de afiliados y trabajadores, que consideran que “la UGCPM no coordina con las gerencias asistenciales” y prefiere reservarse la información hasta la etapa final de adjudicación.

La "marca prestacional" de PAMI y el nuevo rol de Wittenberg

Dentro del PAMI se habla de la “marca prestacional” como aquel conjunto de estándares de calidad y volumen contractual con los prestadores privados.

La UGCPM (desde su creación) gestiona el ingreso y la renovación de las entidades que se quieren incorporar a esa “marca”, imponiendo nuevos requisitos técnicos (calidad de historia clínica digital, cumplimiento de tiempos de respuesta, indicadores de satisfacción de afiliados).

• Wittenberg diseñó en febrero de 2025 un “Manual de Buenas Prácticas” para prestadores, que obliga a las clínicas u hospitales a implementar sistemas de receta electrónica y auditoría de consumo de medicamentos cada 30 días. Quienes no se ajusten, directamente quedan fuera de la red prestacional y pierden la posibilidad de facturarle al PAMI.
• Este manual, difundido en la intranet interna del organismo, no se publicó en la web oficial, lo que generó críticas de la Asociación de Clínicas Privadas de la República Argentina (ADECRA). Su presidente, Diego Obregón, advirtió que “no existe plazo razonable para implementar los cambios exigidos, ni tampoco se comunicó qué prestadores se vieron excluidos hasta ahora”.

La “marca prestacional de PAMI” se ha convertido, en manos de Wittenberg, en un sello que más que certificar calidad, funciona como un “carné de admisión” selectivo:

• Los prestadores deben firmar un nuevo anexo contractual con cláusulas de monitoreo permanente.
• Si no cumplen, quedan fuera automáticamente del padrón, sin posibilidad de recurso administrativo directo ante el directorio de PAMI.

Para muchos, esto coincide con la visión política del actual Gobierno de “reducir costos y recortar prestaciones gratuitas”. Para otros, en cambio, responde a la necesidad de transparentar procesos, aunque la falta de publicidad de los procedimientos ha invocado el fantasma de la opacidad.

"Mafia de los medicamentos" y vínculo con el juzgado Oyarbide

En la década del 2010, el PAMI fue escenario de lo que la Justicia denominó la "mafia de los medicamentos": un entramado de laboratorios, prestadores y funcionarios que desviaban remedios de jubilados fallecidos para revenderlos a terceros, o pactaban sobreprecios en contratos directos con algunos laboratorios.

El juez federal Claudio Bonadio, y luego Jorge Ballestero, documentaron que durante la gestión de Luciano Di Cesare (2010–2015), el instituto pagó hasta 6 veces más por algunos fármacos esenciales, provocando un perjuicio estimado en más de mil millones de pesos al erario público.

El escándalo llegó a los medios masivos cuando se reveló que cientos de cajas de insulina, anticoagulantes y analgésicos habían sido facturados a PAMI pese a que no llegaban a ser dispensados a los afiliados. En el centro de las investigaciones figuraron laboratorios como Medipack y Meycamp Cord, que actuaban como cabecillas del esquema de “cartelización”.

La vinculación de Wittenberg con la causa

El nombre de Alejandro Wittenberg aparece en los expedientes judiciales de Comodoro Py entre 2014 y 2016 como uno de los funcionarios de área técnica que seguía las auditorías de consumo.

Si bien el juez Norberto Oyarbide (a cargo de los primeros turnos de la causa) lo citó a declarar por su rol en la “Gerencia de Gestión de Información Médica” (unidad que relevaba recetas y licencias), el magistrado concluyó que no había pruebas suficientes para imputarlo directamente en maniobras de estafa (lo sobreseyó en 2017 por falta de mérito).

• Acta de indagatoria 407/2015 (Expediente 23.945/2014): en ella, Wittenberg declaró que su tarea consistía en verificar la consistencia de los formularios de prescripción y cotejar pedidos de medicación atípicos (por ejemplo, dosis elevadas en un mismo paciente), pero afirmó que no intervenía en la adjudicación de precios ni en las contrataciones con los laboratorios.
• Sobreseimiento de 2017: el juez federal a cargo (Luis Rodríguez) ratificó el sobreseimiento dictado por Oyarbide, destacando que “Wittenberg no formó parte de la CRO (Coordinación de Registro y Obra Social)” ni de las áreas de compra, sino que su labor era estrictamente técnica/auditoria de historias clínicas.

No obstante, el hecho de que haya estado vinculado a aquel proceso (en el que se investigaron irregularidades por más de mil millones de pesos) ha alimentado hoy quienes desconfían de su gestión en la UGCPM, puesto que consideran que “quién audita a la unidad responsable de auditar” pudiera arrastrar vicios de aquel pasado.

“Es inevitable ver en Wittenberg al mismo auditor que regía la parte interna de aquel PAMI que hoy investiga sobreprecios con Luana Volnovich, y preguntarse si limará asperezas con laboratorios o si realmente va a hacer las denuncias que correspondan”, reflexiona una fuente de la Auditoría General de la Nación (AGN).