Policial y judicial | 16:00

Increíble

¡La verdad no se calla! El juez López enfrenta con valor la persecución de la DAIA

El magistrado enfrenta el sionismo a fondo.

En un contundente acto de defensa de la libertad de expresión y la independencia judicial, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, salió al cruce de la denuncia que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó ante el Consejo de la Magistratura, calificando la acción como una “persecución” contra quien ejerce su función sin ataduras ideológicas ni partidarias.

La acusación de la DAIA

La DAIA solicitó al Consejo que determine si la cuenta de la red social X atribuida al magistrado corresponde efectivamente al juez López y, de confirmarse, investigue si en ella “promovió el odio y discriminación hacia la colectividad judía” mediante “comentarios ofensivos y respondiendo a usuarios de manera manifiestamente discriminatoria”.

Mensajes cuestionados

Entre las publicaciones aludidas por la entidad, se citan afirmaciones como “Hamas es una creación de Israel” y “Israel es una farsa”, así como la difusión de imágenes que asocian al Estado de Israel con figuras demoníacas.

La respuesta firme de López

Frente a lo que consideró “un claro intento de censura”, el juez López respondió: “La persecución contra la Verdad no prevalecerá, con la ayuda de Dios”.

En sus alocuciones, el magistrado reprochó a la DAIA por “desviar la atención” de la condena de la Corte Penal Internacional por genocidio en Gaza, y advirtió que “los que representan los intereses de un Estado extranjero no tienen derecho a interpelar a un Juez de la Nación” en una democracia que se inspira en valores católicos.

Defensa de la seguridad nacional y la soberanía

López puso de relieve que la denuncia pretende “involucrarnos en un conflicto ajeno a los intereses nacionales”, advirtiendo que esta intromisión “pone en riesgo la seguridad nacional” tras los recientes atentados terroristas sufridos en el país.

Con esta respuesta, el juez Alfredo López reafirma su compromiso con los principios de la Constitución Nacional, la independencia del Poder Judicial y el derecho de todo magistrado a expresarse libremente sin que organizaciones ajenas busquen condicionar sus decisiones ni su carrera.

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