El 15 de marzo de 1995, Carlos Menem Junior, hijo del entonces presidente Carlos Saúl Menem, falleció tras el desplome del helicóptero que piloteaba junto al expiloto de Turismo Carretera Silvio Oltra, en cercanías de Ramallo, provincia de Buenos Aires.

En aquel momento, la versión oficial atribuyó la tragedia a un fallo mecánico en la aeronave, aunque las circunstancias del accidente dejaron dudas abiertas entre familiares y sectores de la opinión pública.

Desde hace décadas, diversas conjeturas han puesto en tela de juicio la hipótesis de la simple falla técnica, apuntando a un presunto atentado destinado a silenciar al joven Menem, quien se encontraba en conversaciones y negociaciones que habrían molestado a poderosos intereses políticos y económicos.

De acuerdo con Realpolitik, hay indicios de que ciertos actores del poder habrían tenido motivos para impedir que Menem Junior revelara información comprometedora sobre redes de influencia y contratos estatales que involucraban a importantes figuras de la época.

En paralelo, la figura de Zulema Yoma (madre del piloto) cobró protagonismo al denunciar públicamente inconsistencias en la investigación oficial.

Yoma sostuvo que, tras la muerte de su hijo, comenzó a percibir presiones de individuos vinculados a la Casa Rosada, quienes buscaban controlar el relato y acallar cualquier versión diferente a la dictada por el Gobierno. Estas presiones, según allegados, habrían incluido ofertas de silencio económico, así como amenazas veladas para que la familia desistiera de exigir una investigación más exhaustiva.

Realpolitik profundiza en la existencia de un “personaje oscuro”, identificado como un asesor cercano al entonces presidente Menem, que habría intervenido directamente en el manejo de la causa. Según esta versión, dicho intermediario habría influido en las decisiones de Zulema Yoma, orientándola a aceptar la versión oficial y evitando que presentara recursos o pruebas adicionales ante la Justicia.

Hasta la fecha, la causa nunca logró avances definitivos: expertos forenses coinciden en que la muestra de restos del fuselaje y los registros de mantenimiento del helicóptero presentan lagunas inexplicables, pero la carencia de un expediente sólido entorpece cualquier dictamen concluyente.

En la esfera política, algunos legisladores y organizaciones de derechos humanos han solicitado la reapertura del caso, argumentando que la sociedad argentina merece conocer la verdad detrás de aquel suceso que marcó la década de los noventa.

El artículo de Realpolitik subraya que, a más de 3 décadas del accidente, persiste la sensación de impunidad y de un posible encubrimiento de alto nivel. Frente al reclamo creciente de familiares y asociaciones civiles, se renueva el pedido de activar peritajes independientes y de impulsar un juicio político que esclarezca la influencia de actores no oficiales en la conducta de las autoridades de entonces.

Sólo así, concluye el medio, podrán cerrarse las heridas de una de las tramas más oscuras de la historia reciente argentina.