El Movimiento de Recuperación de la UATRE (MRU) llevó este miércoles una denuncia de extrema gravedad directamente a las conducciones de Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y CONINAGRO. No son actores externos: cada una integra el bloque empleador del RENATRE, cuyo Directorio está compuesto por cuatro representantes sindicales y cuatro de esas entidades rurales.

El documento acusa a la conducción de un esquema de irregularidades que incluye la transferencia “reservada” de más de 1.500 millones de pesos del Seguro de Sepelio Obligatorio hacia UATRE durante 2017 y 2018, además de cuestionar contratos con ART Mutual Rural y OSPRERA. También sostiene que el organismo maneja fondos de la seguridad social sin los controles de SIGEN y AGN que, según los denunciantes, deberían aplicarse.

La cifra que termina de encender las alarmas aparece en los salarios. El MRU asegura que los ocho directores, la gerente general Liliana Sol Henchoz y la subgerente Erica Utrera perciben remuneraciones que alcanzan los 15 millones de pesos mensuales por persona, y afirma que esos montos no fueron ratificados por la autoridad de aplicación. A eso suma más de 70 demandas laborales de exempleados, con un pasivo potencial que terminaría recayendo sobre los recursos del Registro.

Pero la incomodidad para las entidades rurales tiene antecedentes. En octubre de 2021, sus propios representantes ya habían advertido formalmente a la Mesa de Enlace sobre “abusos”, hostigamientos y problemas de funcionamiento bajo la conducción de José Voytenco. La nota estaba firmada por Roberto Buser, Abel Guerrieri, Orlando Marino y Marcos Williams, representantes de CONINAGRO, SRA, FAA y CRA.

CRA fue incluso más lejos. En diciembre de 2021, su entonces presidente Jorge Chemes presentó otra nota en defensa de Marcos William Prim, cuestionó el intento de suspenderlo y recordó que las decisiones del Directorio podían comprometer responsabilidades institucionales y personales. Es decir, el problema no apareció ayer: las entidades rurales tenían advertencias internas desde hace casi cinco años.

El expediente penal impulsado posteriormente por Henchoz contra exempleados del RENATRE agrega otra capa incómoda. El 3 de agosto de 2026, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 27 concluyó que no se verificó un accionar doloso y sistemático destinado a dejar caducar ejecuciones, y determinó que algunas caducidades respondían a una práctica institucional que la propia Utrera reconoció ante la Justicia.

La resolución terminó sobreseyendo a Jésica Íbalo, Sara Gatti, Oscar Bernard y Luis Nasso González. El fallo no calificó la denuncia original como falsa e incluso reconoció que la querella tenía motivos plausibles para investigar, pero el resultado judicial golpeó de lleno la acusación sobre una supuesta maniobra delictiva sistemática de los exempleados.

El MRU también sostiene que Voytenco mantiene una inhibición general de bienes en una causa judicial y reprocha a los representantes rurales haber convalidado sus decisiones dentro del organismo. La agrupación notificó además al Ministerio de Capital Humano y anticipó presentaciones ante autoridades judiciales.

Según la información aportada junto con la denuncia, hoy existiría además una ruptura interna: directores del bloque empleador habrían dejado de responder llamados y mensajes de Henchoz y Utrera. Si eso efectivamente ocurre, la pregunta es inevitable: ¿por qué las entidades rurales reaccionan recién cuando el costo institucional ya amenaza con explotarles en las manos?

Y hay una responsabilidad que tampoco puede esconderse detrás del Directorio. El Ministerio de Capital Humano es la autoridad de aplicación y ahora tiene sobre su escritorio una denuncia que habla de millones, juicios, salarios privilegiados, persecución laboral y ausencia de controles. Si el Estado decide no mirar, el problema deja de ser solamente del RENATRE.