Por Gustavo Zandonadi

Los grandes debates políticos suelen expresarse en discursos, conferencias de prensa o sesiones parlamentarias. Pero muchas veces también aparecen escondidos entre las páginas del Boletín Oficial. Allí, lejos de las cámaras y las redes sociales, el Estado revela cuáles son sus prioridades.

Esta semana, una publicación oficial confirmó la adjudicación de una contratación por 4.761.870.300 pesos para la provisión de comidas destinadas al Complejo Penitenciario Federal III, conocido como Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino. La prestación fue otorgada a la firma Compañía Proveedora de Servicios S.A. y comprende los principales renglones del servicio alimentario para la unidad penitenciaria.

La cifra impresiona por sí sola. Son casi 4.800 millones de pesos destinados exclusivamente a garantizar la alimentación de internos alojados en una cárcel federal. Naturalmente, se trata de una obligación indelegable del Estado. Ningún gobierno puede dejar de alimentar a las personas privadas de la libertad sin vulnerar normas constitucionales, tratados internacionales y principios básicos de derechos humanos.

En los papeles es así, pero en la calle, en la peluquería, en el taxi y en la sala de espera del consultorio, la pregunta es la misma: ¿Por qué no los mantiene su familia? Poco antes de que se conocieran los audios del "3 por ciento para Karina", el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le dijo eso a la madre de Ian Moche. El planteo es claro: ¿el Estado no puede asistir a personas con discapacidad, pero alimenta a personas que cometieron un delito?

Desde el comienzo del régimen mileísta, organizaciones vinculadas a la discapacidad, prestadores de servicios, transportistas y familias afectadas vienen reclamando actualizaciones arancelarias y mayores recursos para sostener prestaciones esenciales, de modo que quienes no eligieron tener limitaciones puedan acceder a la calidad de vida que merecen. La discusión llegó incluso al Congreso y se convirtió en uno de los temas más incómodos para la Casa Rosada, pero chocó contra el lumpen insensible que juega a ser fuerte con los débiles.

Alimentar presos es una obligación del Estado, sí. ¿Y asistir a personas con discapacidad no lo es? Lo que inevitablemente surge es una discusión política acerca de la distribución de recursos en un contexto en el que el Gobierno insiste en que el ajuste fiscal lo tienen que pagar los más vulnerables.