El intendente de Viedma, Marcos Castro, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que el concejal Julián Algañarás presentara una denuncia formal ante el Tribunal de Cuentas para que investigue una serie de presuntas irregularidades en una contratación millonaria que terminó beneficiando a una empresa vinculada, según la presentación, al entorno familiar del jefe comunal.

La denuncia apunta a la adjudicación de un baño modular que originalmente iba a instalarse en el balneario El Cóndor, pero que terminó siendo reubicado en la Feria Municipal de Viedma.

Para el edil, el expediente está plagado de inconsistencias que podrían configurar un grave perjuicio para las arcas municipales y justificarían la apertura de un sumario administrativo contra los funcionarios que intervinieron en todo el proceso.

El punto más explosivo de la presentación es el presunto conflicto de intereses. Algañarás sostiene que la empresa Módulos Patagónicos S.A.S. tendría entre sus socios a Nicolás Bambaci, cuñado de Marcos Castro, y agrega un dato que considera aún más comprometedor: el domicilio legal declarado por la firma coincidiría con otro domicilio que aparece vinculado al propio intendente.

Para el concejal, no se trata simplemente de un parentesco familiar. La denuncia pide determinar si existió un direccionamiento de la contratación para favorecer a una empresa cercana al círculo íntimo del jefe comunal o incluso si hubo una contratación indirecta con el propio entorno del mandatario municipal.

"No estamos frente a un simple error administrativo. Hay demasiadas irregularidades encadenadas en una misma contratación. Por eso pedimos que el Tribunal investigue si se cuidaron los recursos municipales o si existió un direccionamiento para beneficiar a una empresa vinculada al entorno del intendente", disparó Algañarás al dar a conocer la presentación.

Pero las sospechas no terminan allí. La denuncia también cuestiona de lleno la adjudicación del concurso de precios. Según la documentación presentada, dos empresas llegaron prácticamente empatadas: la diferencia entre ambas ofertas fue de apenas 31.842,94 pesos, situación que obligaba legalmente a convocar a una mejora de oferta. Sin embargo, ese mecanismo nunca se aplicó y la obra fue adjudicada directamente.

Como si eso fuera poco, el expediente sostiene que la empresa favorecida presentó documentación incompleta y, aun así, recibió un plazo para corregirla. En cambio, nunca se les dio a los oferentes la posibilidad de competir mejorando el precio, pese a que la propia Contaduría Municipal había recomendado expresamente seguir ese procedimiento para garantizar la transparencia.

La denuncia además advierte que la obra fue adjudicada por un valor cercano a un 18 por ciento superior al presupuesto oficial y que posteriormente se aprobaron adicionales que incrementaron todavía más el costo final del proyecto, generando nuevas dudas sobre la administración de los recursos públicos.

Otro capítulo que genera fuertes interrogantes es el cambio de destino de la obra. El expediente comenzó para instalar un baño modular en El Cóndor, pero terminó financiando un módulo en la Feria Municipal.

Para Algañarás nunca existieron fundamentos técnicos, económicos ni administrativos suficientes que justificaran semejante modificación del objeto original de la contratación.

A esto se suma la demolición de los baños tradicionales existentes en la Feria Municipal. Según la denuncia, no aparecen informes técnicos que acrediten que esa estructura debía demolerse ni estudios que demostraran que construir un módulo nuevo era más conveniente que reparar las instalaciones existentes.

También se cuestionan adicionales aprobados durante la ejecución, la ausencia del cartel de obra y presuntas inconsistencias en la documentación vinculada al anticipo financiero.

Ahora será el Tribunal de Cuentas de Viedma el que deberá resolver si abre una investigación formal y analiza las presuntas irregularidades denunciadas.

Mientras tanto, el expediente amenaza con convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza políticos para Marcos Castro, ya que la presentación no solo pone bajo sospecha una contratación millonaria, sino que además instala serios interrogantes sobre la transparencia de la gestión municipal y el eventual beneficio a personas del entorno familiar del intendente.