El pasado 27 de diciembre de 2024, el presidente de la empresa Prodesur SA, Liu Zhijiang, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Mar del Plata por presuntos cohechos y mal desempeño de funcionarios públicos en el seno del Consejo Federal Pesquero (CFP).

La denuncia apunta concretamente a la Resolución CFP 13/24, publicada el 5 de septiembre de 2024, que asignó las cuotas de Merluza Negra para el período 2025–2039 a un grupo reducido de empresas, excluyendo a Prodesur pese a que ésta contaba con todos los requisitos legales.

Según el escrito, los miembros del CFP habrían solicitado sumas de dinero en dólares a cada empresa interesada (100 mil dólares por cada uno de los diez miembros) para garantizarles la cuota, y 200 mil a Prodesur si quería acceder al reparto, algo que finalmente no se concretó, dejando a la firma sin cuota alguna.

En paralelo, a mediados de septiembre de 2024, Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Legislatura bonaerense, había presentado otra denuncia similar ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata (expediente FMP 9027/2024).

Esa denuncia se basó en publicaciones periodísticas que señalaban pedidos de coimas de hasta 15 millones de dólares por parte de emisarios del Gobierno nacional a empresas para renovar o acceder a cuotas de Merluza Hubsi y Merluza Negra antes del vencimiento del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) el 31 de diciembre de 2024.

Entre las fuentes citadas figura una nota de Revista Puerto que describía “100 dólares por tonelada de merluza Hubsi y mil por tonelada de merluza Negra” a pagar por unas 12 empresas, sumando cerca de 15 millones de dólares de coimas.

Ambas causas (la iniciada por Pulti en fecha 12 de septiembre de 2024 y la de Prodesur del 27 de diciembre de 2024) apuntan a los mismos hechos: el presunto pedido de sobornos a empresas pesqueras por parte de integrantes del CFP para asignar cuotas de especies valiosas. Los denunciados en la causa de Prodesur son:

• Juan Antonio López Cazorla (presidente del CFP).
• Martín Fernández y Miguel Schmukler, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
• Paola Gucioni, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
• Julia Erika Mantinian, por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
• Carla Estefanía Seain, representante de la Provincia de Buenos Aires.
• Sergio Paleo Edgardo, representante de la Provincia de Río Negro.
• Andrés Pedro Arbeletche, por la Provincia de Chubut.
• Gustavo Ernesto Martínez, por la Provincia de Santa Cruz.

  A todos ellos se los imputa por presuntos delitos de cohecho activo y pasivo (artículo 256 del Código Penal) e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), al haberse dictado un acto administrativo que excluyó a Prodesur del reparto bajo supuestas presiones económicas y en contraposición con los principios de igualdad y publicidad consagrados en la Ley 24.922 y el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Movimiento de las causas y posición del Ministerio Público Fiscal

En esta trama judicial, la Justicia Federal de Mar del Plata (Juzgado 3, Secretaría 6) recibió en abril de 2025 un dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el que se propone rechazar la competencia de ese fuero por conexidad y declinar la competencia territorial a favor de la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El dictamen, firmado por el fiscal federal Santiago Eyherabide el 21 de abril de 2025, sostiene que:

• Existe conexidad indiscutible** entre FMP 9027/2024 (la denuncia de Pulti) y la causa que tramita por Prodesur, dado que ambas indagan supuestos pedidos de coimas a empresas pesqueras para la asignación de CITC, coincidiendo en sujetos, eventos y modus operandi. No obstante, Eyherabide señala que la causa de Mar del Plata se halla en un estado más avanzado de investigación, con pruebas recabadas desde septiembre de 2024, incluyendo testimonios y documentación, mientras que la iniciada por Prodesur se originó en diciembre de 2024 (señalando específicamente la Merluza Negra).
• Por razones de economía procesal y mejor administración de justicia, corresponde que ambas causas tramiten de manera conjunta en CABA, donde se ubica la central del CFP y donde ocurrieron reuniones clave (Buenos Aires y Ushuaia), evitando decisiones contradictorias y facilitando el acceso a todas las pruebas.
• La competencia territorial resulta más adecuada para la Justicia Federal de CABA, al concentrarse allí las funciones del CFP y haberse desarrollado parte de los delitos (por ejemplo, reuniones en Confitería Havanna y Dandy en Buenos Aires). Además, dado que Prodesur tiene domicilio real en Ushuaia, la competencia porteña es la más conveniente.

El 29 de abril de 2025, la secretaría del Juzgado Federal de Mar del Plata – Juzgado 3 incorporó expresamente dicho dictamen al expediente FMP 5467/2024 (relacionado con la denuncia de Prodesur) “a fin de expedirme en el marco de esa causa con carácter previo al rechazo de la competencia atribuida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 de CABA” (auto FMP 5467/2024, 29-04-2025).

El trasfondo normativo y las expectativas

Desde el punto de vista legal, el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) está regulado por la Ley 24.922 y el Decreto 748/99, diseñados para evitar la concentración monopólica y promover la explotación sustentable, con asignaciones de cuota mediante procedimiento público.

El Acta Interpretativa CFP 49/09 obliga a que todo permiso de pesca solo habilite la captura luego de asignarse la cuota y prohíbe la concentración de cuotas en pocas manos. Sin embargo, en la práctica, el mercado pesquero argentino exhibe una alta concentración de cuotas en un grupo reducido de empresas que controlan las especies de mayor valor (Merluza Negra, Merluza de Cola, Merluza Polaca), encareciendo insumos y coartando la entrada de nuevos operadores.

El reclamo de Prodesur expuso evidentemente esta tensión entre la teoría normativa y la realidad del reparto de cuotas. Su denuncia detalló reuniones en las que López Cazorla y el representante de Tierra del Fuego, Carlos Cantu, instaron al pago de 200 mil dólares por miembro del CFP para acceder a la cuota de Merluza Negra.

Afirmó que el 27 de junio de 2024, tras un encuentro en la confitería Havanna de Puerto Madero, se le comunicó dicho pedido; y que el 8 de julio 2024 se corroboró la presión mediante un encuentro en Ushuaia. Al difundirse la Resolución 13/24 en septiembre, Prodesur, al no haber pagado, quedó afuera.

Pasos a seguir y posibles desenlaces

La incorporación del dictamen del MPF y la inminente resolución del Juzgado Federal de Mar del Plata sobre la competencia auguran que la causa de Prodesur será trasladada a Comodoro Py, donde se unificará con la instrucción de la denuncia de Pulti.

Allí, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 de CABA deberá profundizar la investigación, citando a declarar a todos los imputados, analizando los llamados telefónicos, registros bancarios y documentación de las empresas involucradas.

De prosperar la hipótesis de cohecho y omisión de deberes, los miembros del CFP podrían enfrentar procesos penales por abuso de autoridad y cohecho, con sanciones que podrían incluir inhabilitación para ejercer cargos públicos y penas de prisión.

Además, la causa podría motivar reformas urgentes en el sistema de asignación de CITC para reforzar la transparencia y evitar favoritismos.

Mientras tanto, en Mar del Plata las organizaciones vinculadas al sector pesquero y a la defensa del medio ambiente aguardan que la justicia porteña actúe con celeridad. El debate sobre la concentración de cuotas y la sustentabilidad de la pesca argentina continúa latente, pero la denuncia de Prodesur y la de Pulti representan un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en un segmento clave de la economía nacional.