Mar del Plata vuelve a quedar en el centro de una polémica judicial que ya acumula más de 2 décadas. El querellante Roberto Maturana, oficial de Marina Mercante e investigador, afirma estar enfrentando "un ataque institucional sin precedentes" por parte del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de una causa por presunta contaminación ambiental peligrosa que involucra a la empresa Coomarpes y que se encuentra radicada bajo la Ley 24.051 de residuos peligrosos desde 2002.

La causa, según recuerda Maturana, ya había sido elevada a juicio en 2022 por impulso del entonces fiscal general Daniel Adler, quien consideró acreditada una grave criminalidad empresaria por vertidos tóxicos, contaminantes y agentes infecciosos que impactarían desde hace años en napas, lagunas, el puerto, playas y la atmósfera de Mar del Plata.

En 2025, nuevos peritajes de la Policía Federal (PFA) y Prefectura Naval (PNA) ratificaron la continuidad del daño ambiental, algo que (según sostiene el querellante) configura un delito de tracto continuo.

Mientras tanto, la causa judicial derivó en un conflicto paralelo: el intento reiterado, por parte de las defensas y ahora también del Ministerio Público Fiscal, de excluirlo como querellante. Maturana recuerda que la Justicia ya resolvió este punto en 2016, cuando su rol fue confirmado por el Juzgado Federal de primera instancia y ratificado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Luego, en 2021, la Cámara Federal de Casación Penal volvió a confirmar su participación y en 2024 la Corte Suprema rechazó in limine los planteos de las defensas, dejando firme su condición de parte.

Sin embargo, tras la llegada del juez Roberto Minguillón al Tribunal Oral Federal 1 en 2024, y el cambio de postura del Ministerio Público Fiscal bajo la gestión del fiscal general Walter Pettigiani, Maturana denuncia un giro radical.

Según afirma, Pettigiani impulsó una denuncia penal por presunto "fraude procesal" contra él, acusándolo de haber engañado al juez Inchausti para obtener su rol, una denuncia que finalmente fue desestimada. "Si así fuera, también habría engañado a 9 jueces más de cámara, casación y la Corte", ironiza.

En paralelo, la defensa de los imputados y el Ministerio Público Fiscal avanzaron hacia un acuerdo de reparación ambiental, cuya homologación fue acompañada por Minguillón en una audiencia pública registrada en video. El querellante sostiene que ese acuerdo fue entregado al tribunal en forma de copia y que el juez decidió mantenerlo fuera del sistema, junto a las actas mencionadas en la audiencia. Según su relato, pidió formalmente ese material en cinco oportunidades sin obtener respuesta.

El juez Minguillón rechazó por escrito los planteos de Maturana, señalando que todas las actuaciones se encuentran disponibles para la parte querellante en el sistema Lex100 y que el acuerdo había sido incorporado en marzo de 2024.

En su resolución, agregó que varias de las solicitudes del querellante exceden lo contemplado por el Código Procesal Penal y que el avance del trámite se encuentra detenido porque la defensa interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, aún pendiente de resolución. 

La tensión escaló el 26 de noviembre de 2025, cuando el fiscal subrogante Carlos Fioritti solicitó al juez Minguillón girar al Colegio de Abogados las presentaciones de Maturana y sus letrados. En su dictamen, afirmó que las manifestaciones del querellante eran "inexactas", “acaloradas” y “agraviantes”, y que excedían el marco de la discusión jurídica. También pidió conminar a la querella a abstenerse de usar expresiones impropias y canalizar sus planteos únicamente por vías procesales formales.

Maturana, por su parte, sostiene que este pedido disciplinario no es otra cosa que un intento de dejarlo sin representación legal para "doblegarlo", a la vez que denuncia que su vida corre riesgo. Asegura que detrás del conflicto hay intereses económicos millonarios vinculados al puerto de Mar del Plata, obras cloacales, permisos ambientales y una presunta matriz de impunidad institucional.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal ya revocó la homologación del acuerdo ambiental al considerar que carecía de sustento lógico y que no quedó acreditada la aptitud técnica de las obras presentadas por la empresa, un punto que la querella denuncia desde hace años. La empresa, según afirma Maturana, no cuenta con habilitaciones ambientales de ADA, el Ministerio de Ambiente bonaerense, Obras Sanitarias (OSSE), la Municipalidad ni el INTI.

Con un proceso judicial paralizado en la Corte Suprema, un acuerdo de reparación revocado, un fiscal que pide sanciones disciplinarias y un querellante que denuncia persecución, la causa vuelve a encender una alarma pública sobre la transparencia, la imparcialidad y el funcionamiento de la Justicia Federal en Mar del Plata.

"Si no logran sacarme de la causa... ¿Qué van a hacer? ¿Matarme?", expresó con crudeza Maturana, quien asegura que no frenará sus reclamos hasta que se revele todo lo actuado y se respete su rol de querellante en un expediente que, tras 23 años, parece tan estancado como convulsionado.