El gobierno de Alberto Weretilneck quedó envuelto en una nueva polémica luego de que la oposición exigiera explicaciones por el presunto hackeo a los sistemas informáticos de la provincia de Río Negro. La denuncia por un supuesto acceso indebido a documentación reservada encendió las alarmas políticas y derivó en una investigación judicial que ahora también llegó a la Legislatura.

Un amplio arco opositor presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo revele qué ocurrió con los sistemas oficiales, cuál fue el verdadero alcance de la presunta vulneración y qué información sensible del Estado pudo haber quedado expuesta. El reclamo también busca determinar si el Gobierno actuó con rapidez para preservar las pruebas digitales o si intentó minimizar el episodio.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y reunió las firmas de legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich, Leandro García, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, además de los exintegrantes de Juntos Somos Río Negro, Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti.

La amplitud del respaldo político a la iniciativa refleja la preocupación que generó el episodio y aumenta la presión sobre la administración provincial, que hasta el momento no brindó precisiones públicas sobre el alcance del incidente ni acerca de las medidas adoptadas para contenerlo.

Entre los principales interrogantes planteados por los legisladores figura cómo fue posible que se produjera el presunto acceso indebido, qué tipo de documentación quedó comprometida y con qué herramientas de seguridad informática cuenta actualmente la provincia para proteger sus bases de datos.

También solicitaron información sobre los mecanismos de autenticación utilizados, los controles de acceso implementados, la existencia de registros de trazabilidad, los protocolos de contingencia previstos para este tipo de incidentes y las acciones realizadas para preservar la evidencia informática que será analizada en la investigación judicial.

Otro de los puntos sensibles apunta al momento exacto en que ocurrió el presunto hackeo, el organismo que presentó la denuncia, el procedimiento utilizado para detectar el equipo involucrado y el rol desempeñado por la empresa estatal ALTEC, encargada de buena parte de la infraestructura tecnológica provincial.

El pedido de informes también pone bajo la lupa al Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN), creado mediante la Ley número 5793 como una infraestructura crítica destinada a garantizar la seguridad, la confidencialidad y la trazabilidad del intercambio de información entre los distintos organismos del Estado.

En ese marco, los legisladores quieren saber si las garantías previstas por ese sistema realmente funcionaron o si existieron fallas que facilitaron el acceso denunciado. Además, reclaman detalles sobre las auditorías realizadas, los protocolos de monitoreo permanente y las respuestas implementadas frente a un incidente de semejante magnitud.

La oposición también requirió un informe completo sobre el funcionamiento actual del sistema provincial de recursos humanos, que incluya la cantidad de usuarios activos, registrados, inactivos y bloqueados, los organismos que utilizan la plataforma y el cronograma previsto para ampliar su implementación en toda la administración pública.

Con este pedido, quince legisladores de distintos bloques buscan que el Gobierno dé explicaciones sobre un episodio que golpea de lleno la seguridad informática del Estado rionegrino. La investigación judicial avanza y el presunto hackeo ya se transformó en un nuevo frente político para la gestión de Alberto Weretilneck, que deberá responder cómo pudo producirse una vulneración de semejante magnitud en los sistemas oficiales.