Durante los últimos tres meses, la provincia de Río Negro experimentó una marcada retracción en los niveles de consumo y actividad económica. Los indicadores fiscales muestran un crecimiento mínimo de la recaudación, muy por debajo de la inflación, lo que refleja una pérdida del poder adquisitivo de los hogares y una contracción en el comercio interno.

En ese contexto, el Gobierno provincial mantiene un preocupante silencio. Mientras los municipios enfrentan serias dificultades para sostener sus cuentas, desde el Ejecutivo que encabeza Alberto Weretilneck no se observan reclamos firmes ante la Nación por los impuestos coparticipables, ni acciones concretas para recomponer los ingresos provinciales.

La caída del consumo impacta directamente en la recaudación del IVA y en los fondos que la provincia recibe del Estado nacional. Sin embargo, el gobernador parece haber optado por una postura pasiva, delegando en sus funcionarios de segunda línea la discusión sobre los recursos fiscales.

Esta falta de liderazgo se suma al malestar de intendentes de distintos signos políticos, que denuncian una distribución desigual de los fondos provinciales y un esquema de coparticipación municipal que no se actualiza desde hace años. En muchas localidades, el atraso en las transferencias se traduce en obras paralizadas, recortes en servicios y demoras salariales.

El deterioro económico no sólo afecta a las finanzas del Estado provincial, sino también al entramado social y productivo. Comerciantes, pymes y trabajadores advierten que la caída del consumo se profundiza mes a mes, sin que el Gobierno muestre una estrategia para revertir la tendencia.

Mientras tanto, la Casa de Gobierno intenta proyectar una imagen de estabilidad, aunque los números y el malestar en las calles muestren lo contrario. La falta de respuestas concretas ante un escenario de evidente enfriamiento económico deja al descubierto la fragilidad de la gestión provincial y la ausencia de un rumbo claro para enfrentar la crisis.