La demora de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para resolver un pedido cautelar presentado por trabajadores de Minoridad quedó bajo cuestionamiento por el fuerte contraste con otras decisiones recientes de la Justicia provincial. Desde STANDAyM señalan que mientras una jueza de primera instancia logró suspender con rapidez una ley nacional, su planteo contra un decreto del Ejecutivo bonaerense continúa sin definición.

El reclamo apunta contra el Decreto 182/2025, que estableció un nuevo reglamento para el personal del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. El Sindicato de Trabajadores Auxiliares, No Docentes, Administrativos y Minoridad promovió una acción de inconstitucionalidad y pidió una medida cautelar de no innovar.

Según el gremio, la presentación reunió más de 300 firmas pertenecientes a 12 institutos y también recibió el respaldo de delegados de otras organizaciones sindicales. Uno de los puntos centrales es el cambio de jornadas de 24x72 horas a un esquema de 12x36.

Los trabajadores sostienen que esa modificación incrementa el desgaste físico y psicológico y multiplica los relevos de guardia. También advierten que esos momentos son especialmente sensibles para la seguridad de los establecimientos y mencionan como antecedente el reciente motín ocurrido en el CSPLA de Malvinas Argentinas.

El cuestionamiento se potencia por el antecedente de la jueza Marta Pascual, quien suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil poco antes de su entrada en vigencia. Desde el sector plantean que esa velocidad judicial contrasta con los tiempos que enfrenta una causa relacionada con condiciones laborales y seguridad dentro de los institutos.

La discusión quedó así atravesada por un interrogante institucional. Los trabajadores reclaman saber por qué una medida que consideran urgente sigue esperando respuesta mientras otros planteos consiguen resoluciones cautelares en plazos mucho más breves.