La crisis institucional del Club Universitario de La Plata sumó un capítulo de alto impacto político y judicial: el presidente de la entidad y actual titular del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, fue procesado este martes por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, tras comprobarse la omisión sistemática del depósito de los aportes patronales correspondientes a los empleados del club.

La resolución, firmada por el juez federal Ernesto Kreplak, incluyó un embargo por 20 millones de pesos sobre el patrimonio de Galland. Si bien no dictó prisión preventiva, el magistrado sostuvo que el dirigente “actuó de forma dolosa”, ya que no podía desconocer sus obligaciones previsionales por su rol institucional y su formación como profesional universitario.

El fallo precisó que los aportes de los períodos mayo a diciembre de 2017, todo 2018 y enero a mayo de 2019 fueron retenidos a los trabajadores pero nunca depositados ante la AFIP, pese a que la entidad había recibido múltiples intimaciones y se había adherido a planes de pago que luego caducaron. Para la Justicia, el conocimiento de Galland sobre la situación era “innegable”.

En su declaración, Galland admitió la omisión, aunque atribuyó la falta de pagos a la grave crisis financiera del club. Señaló que al asumir su cargo en 2014 la institución no podía “ni siquiera pagar los sueldos completos”, los cuales se abonaban en cuotas, y que el derrumbe de la masa societaria, de 18 mil socios en los años 90 a apenas 2500 al inicio de su gestión, impactó de lleno en la sostenibilidad de la infraestructura.

Entre 2015 y 2018, la comisión directiva redujo la planta de trabajadores “a la mitad sin despidos”, una medida que, según argumentó, permitió aliviar parte del déficit operativo. Sin embargo, para el juez esas decisiones no justifican la falta de pago de los aportes previsionales retenidos.

Kreplak sobreseyó al dirigente por el período junio-diciembre de 2019, cuando el club estuvo bajo administración de un órgano fiduciario en el marco de la ley de salvataje de entidades deportivas.

El fallo ordena además intimar a Galland a abonar la suma embargada, bajo apercibimiento de avanzar con la inhibición general de bienes. El magistrado descartó la prisión preventiva al considerar que no hay riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación.