La Justicia Federal investiga un presunto esquema irregular alrededor de las fotomultas y el reparto del dinero recaudado en numerosos municipios. En el caso 2577/2026, caratulado “Tránsito Seguro y otros s/ Asociación Ilícita”, el fiscal Paulo Starc solicitó acceder al contenido extraído del celular de Bernardino Antonio García para profundizar la pesquisa.

La investigación alcanza a posibles irregularidades en la contratación, administración y distribución de fondos provenientes de multas en municipios bonaerenses y localidades de Entre Ríos y La Pampa. El expediente menciona la intervención de la Fundación Saber Cómo, Tránsito Seguro S.A., Ideas Verdes S.A. y CECAITRA, bajo una hipótesis que también contempla eventuales contrataciones espurias y posterior lavado de activos.

Según describe el fiscal, los intendentes celebraban convenios con la Fundación Saber Cómo para programas de seguridad vial y luego esa entidad comunicaba que trabajaría conjuntamente con una empresa privada. La hipótesis judicial sostiene que ese mecanismo habría permitido que los municipios no seleccionaran directamente al proveedor tecnológico mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

El reparto del dinero aparece como otro punto central. Después del 20 por ciento correspondiente a la Provincia por las infracciones, el documento señala que del remanente se asignaba generalmente entre 20 por ciento y 30 por ciento al municipio y entre 70 por ciento y 80 por ciento a la Fundación Saber Cómo, esquema que ahora quedó bajo análisis judicial.

La Fiscalía también advierte que el Convenio Federal sobre Seguridad Vial establece restricciones para que la contraprestación a operadores privados dependa de porcentajes de las multas o del rendimiento económico de los equipos. Sin embargo, el oficio sostiene que las contrataciones investigadas habrían utilizado precisamente porcentajes sobre lo recaudado.

El celular de García aparece ahora como una pieza relevante para reconstruir contactos con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, intendentes, representantes de fundaciones, universidades y empresas. Se trata todavía de una investigación en curso y las hipótesis descriptas por la Fiscalía no implican responsabilidades penales definitivamente establecidas.