La Clínica del Niño y la Familia quedó bajo fuertes cuestionamientos después de que un conflicto económico con una importante obra social de trabajadores gastronómicos de Mar del Plata habría terminado repercutiendo directamente sobre pacientes que ya se encontraban en tratamiento. Entre los casos señalados aparecen mujeres con embarazos avanzados y próximas a dar a luz, a quienes se les habría comunicado que la institución no continuaría brindándoles atención.

La situación resulta especialmente delicada porque el conflicto entre prestadores y financiadores es completamente ajeno a las pacientes. El planteo difundido invoca la Ley 26.682, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y el derecho constitucional a la salud para cuestionar que una disputa contractual pueda alterar prestaciones ya iniciadas, especialmente cuando existen condiciones de particular vulnerabilidad.

En el centro de las críticas aparecen Pablo De Francesco, nuevo administrador de la clínica, e Hilario Ferrero, presidente de la institución y también de BioVincularse Internación Domiciliaria. Las objeciones apuntan a una conducción que, frente a diferencias económicas, habría permitido que el impacto llegara hasta personas que necesitan continuidad asistencial y previsibilidad médica.

El escenario se vuelve todavía más grave por la situación denunciada alrededor de pacientes oncológicos atendidos por el doctor Leo Gómez, quien además integra BioVincularse. Según la información difundida, se comunicó la interrupción de su atención en consultorios médicos a mitad de mes, dejando a quienes estaban bajo seguimiento ante una fuerte incertidumbre sobre la continuidad de consultas y tratamientos.

Los antecedentes atribuidos a De Francesco también volvieron a quedar bajo observación. Se lo vincula con etapas conflictivas del ex Hospital EMHSA, la Clínica Pueyrredon y el Sanatorio Belgrano, aunque cualquier responsabilidad concreta sobre aquellas situaciones debe sustentarse en documentación y resoluciones verificables antes de ser afirmada como un hecho.

Una institución sanitaria puede discutir contratos, aranceles y condiciones con cualquier financiador, pero los pacientes no deberían convertirse en la variable de ajuste de esas disputas. Mucho menos cuando se trata de una mujer próxima a dar a luz o de una persona que atraviesa un tratamiento oncológico y necesita continuidad, previsibilidad y respuestas claras.