La denuncia por presunto fraude y asociación ilícita contra el empresario Fernando Vicente Plastino, impulsada por un grupo de inversores argentinos que aseguran haber sido perjudicados en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos, expone no solo un posible entramado irregular de negocios, sino también el llamativo silencio o tratamiento selectivo de algunos sectores del periodismo nacional.

Entre ellos, sobresale el rol de Paula Lugones, corresponsal de Clarín en Estados Unidos, cuya cobertura resulta, como mínimo, incompleta.

Según la denuncia, los inversores habrían sido atraídos con promesas de rentabilidad y seguridad jurídica en el mercado inmobiliario estadounidense, para luego quedar atrapados en un esquema que no cumplió con lo pactado.

Fondos que no retornaron, propiedades con titularidades dudosas y una operatoria que, de acuerdo a los denunciantes, no habría sido un hecho aislado sino parte de un mecanismo sistemático. Se trata de acusaciones graves, con potencial impacto judicial y proyección internacional.

Sin embargo, pese a la magnitud del caso y al interés público que despiertan denuncias de este tipo, la corresponsalía de Clarín en Estados Unidos, a cargo de Paula Lugones, ha evitado profundizar en el tema.

La ausencia de investigación propia, de seguimiento judicial o incluso de contextualización del conflicto contrasta con la rapidez con la que se cubren otros expedientes cuando los protagonistas no pertenecen a determinados círculos de poder económico o político.

El caso Plastino vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: el doble estándar informativo. Mientras los inversores denuncian haber perdido sus ahorros y reclaman justicia, el principal diario del país, a través de su corresponsal en Estados Unidos, opta por mirar hacia otro lado.

Una decisión editorial que no solo erosiona la credibilidad periodística, sino que deja al descubierto cómo el silencio también puede convertirse en una forma de encubrimiento.