El Concejo Deliberante de Villa Gesell fue desalojado de manera formal y efectiva luego de que venciera el convenio que permitía a la Municipalidad utilizar el edificio propiedad de Correo Argentino. El episodio, ocurrido este 22 de diciembre, dejó al descubierto una cadena de omisiones administrativas que impactan de lleno en el funcionamiento institucional del municipio conducido por Gustavo Barrera.

El dato central es concreto y verificable. El convenio estaba vencido, la intimación había sido cursada con anterioridad y, aun así, no hubo renovación ni plan alternativo. El resultado fue la notificación formal para entregar el inmueble en la fecha establecida. Sin prórroga, sin excepciones y sin margen para el relato político.

La consecuencia inmediata es inédita. El Concejo Deliberante quedó sin edificio, sin un espacio físico donde sesionar, debatir o ejercer sus funciones básicas. A esto se suma la exclusión política de las concejales Clarisa Armando y Rosana Lanz, lo que profundiza el cuadro de desorden institucional en el ámbito legislativo local.

Desde el entorno municipal no hubo explicaciones de fondo que logren justificar lo ocurrido. La falta de previsión, el incumplimiento de plazos contractuales y la ausencia de respuestas frente a una intimación formal revelan una falla elemental de gestión, ligada no a una disputa política sino a la administración básica del Estado.

El edificio debía ser entregado en el día de la fecha, y así ocurrió. No hubo intervención judicial de último momento ni factores externos que alteraran el proceso. El problema no fue político ni ideológico, fue administrativo. Cuando una Municipalidad pierde la sede de su propio Concejo Deliberante, el conflicto deja de ser simbólico y pasa a ser estructural.