La Libertad Avanza (LLA) apunta los cañones al lunes 29 y martes 30 de abril, fechas que eligió para tratar en la Cámara de Diputados, en una sesión extra large, los proyectos de Ley Ómnibus y de "Medidas Fiscales". Producto de la presión de los bloques dialoguistas, también se incluyó la reforma laboral.

Los ministros le habían asegurado a la Confederación General del Trabajo (CGT) que no sería tratada. La idea del oficialismo es que los diputados debatan en conjunto la Ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales hasta que ardan las velas en la madrugada del 1 de mayo, y que haya tiempo para abandonar el recinto antes de que retumben los ruidos de los bombos sindicales, que esa jornada animarán la protesta del Día Internacional de los Trabajadores.

La orden del Gobierno es que la sesión culmine antes de la marcha multitudinaria, para que lo que pase afuera de los muros del Congreso no condicione el debate que se produce adentro, como ya ocurrió en la reforma previsional de diciembre 2017, el día de las supuestas "14 toneladas de piedra".

La determinación incluye una abierta traición a la CGT a cuyos dirigentes les prometieron en el único encuentro formal al que los invitaron a Casa Rosada que no habría reforma de ningún tipo sin consenso previo con Azopardo.

Es la segunda vez que los libertarios incumplen su palabra. Antes de fin de año Guillermo Francos ya había encarado contactos informales con dirigentes cegetistas y luego terminó publicado el DNU 70/2023 que no reflejaba nada de los charlado.

El señuelo para conseguir el voto de los gobernadores será, definitivamente, la ley de Medidas Fiscales. Sin embargo, su suerte está atada al éxito u ocaso de la ley ómnibus. "Si no hay ley de bases, no hay paquete fiscal", advirtieron fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados a las que la agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

Sin embargo, en el oficialismo son optimistas a partir de las correcciones que se le hicieron al último borrador en base a sugerencias de los negociadores de los bloques dialoguistas.

"Está todo prácticamente saldado", confió la misma fuente, que sigue con lupa la agenda de reuniones entre los representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y Hacemos Coalición Federal con los delegados de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.

Durante el mediodía de este lunes, Martín Menem recibió en su despacho a su principal aliada en el Gobierno, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, alias "El Jefe".

Con ella repasó la hoja de ruta para los próximos días. De acuerdo al plan trazado, el miércoles habrá un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para dictaminar la ley Bases. El jueves, en tanto, José Luis Espert reunirá a la comisión de Presupuesto para dictaminar la ley Fiscal.

En la reunión con la hermana del presidente también sobrevoló el pedido de sesión especial que hizo el bloque de Unión por la Patria (UxP) para tratar el miércoles, al día siguiente de la Marcha Federal Universitaria, un repertorio de proyectos de distintas bancadas sobre financiamiento a universidades públicas, movilidad jubilatoria, y restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID).

En el oficialismo no se sienten amenazados. Según pudo constatar Noticias Argentinas, hicieron un poroteo y Unión por la Patria no conseguirá quórum para habilitar la sesión. "Pueden sentar a 113, 115, 118 o 120 en el mejor de los casos", aseguraron, muy holgados de confianza.

En este sentido, destacaron que la oposición dialoguista no va a prestarse al juego kirchnerista ni va a hacer olas en momentos en que se están terminando de pulir con el Gobierno los acuerdos por la Ley Bases y el paquete fiscal.

Toda la carne al asador

Con los dictámenes de mayoría listos al finalizar esta semana, el oficialismo pondrá toda la carne al asador en que se convertirá el recinto el 29 y 30 de abril.

El último borrador de la Ley Ómnibus absorbió algunos planteos de los bloques dialoguistas. Por ejemplo, en el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a disolver reparticiones del Estado, si así los dispusiese, se amplió la lista de organismos que están a salvo de cualquier intento de erradicación.

Aparecen en esta lista no solamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CoNICeT), que ya estaba en el dictamen anterior, sino además la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Doctor Carlos Malbrán" (ANLIS), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Sin embargo, el Gobierno dejó afuera otros organismos cuya inclusión la oposición dialoguista venía reclamando como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SeNaSA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En cuanto a la reforma laboral, el Poder Ejecutivo también accedió al pedido de la oposición dialoguista de extender los períodos de prueba de trabajadores (pasantías) de tres a seis meses (y no ocho como estaba en la propuesta original).

No obstante, se habilita a ampliar a ocho meses de período de prueba en empresas Pymes de entre 6 y 100 trabajadores, y a un año se si tratara de mini Pymes de hasta cinco trabajadores.

La discusión por la reversión del Impuesto a las Ganancias sigue abierta y se debatirá en el marco de la Ley de Medidas Fiscales.

La oposición dialoguista reclamaba que la actualización de los montos y las escalas fuera trimestral a partir del año 2025 tomando en cuenta el coeficiente que surja de la variación del IPC. El Gobierno empezó ofreciendo un ajuste anual, pero en la última versión acercó posiciones al proponer la actualización semestral.