
Política | Ayer
¿Se viene?
¿Cesión de soberanía o nueva amenaza estratégica? ¡Estados Unidos en la Patagonia!
El proyecto prevé instalaciones logísticas para el reabastecimiento de submarinos nucleares, hangares para aeronaves y depósitos de combustible, todos ellos bajo jurisdicción y mando estadounidenses.

En un giro que redefine el mapa geopolítico del Atlántico Sur, Estados Unidos avanza con el proyecto de una Base Naval Integrada o Antarctic Logistics Hub en Ushuaia (Tierra del Fuego), diseñada para dar cobertura y aprovisionamiento a sus submarinos nucleares.
Lo que en apariencia puede presentarse como un acuerdo de cooperación técnica adquiere, bajo la lupa de la historia y la geopolítica, ribetes de verdadera cesión de soberanía nacional.
Una maniobra de contención y proyección
Según declaraciones de la ex jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, el interés norteamericano radica en “mantener una presencia militar robusta” a las puertas de la Antártida, en alianza con el Reino Unido, para frenar la influencia de China y Rusia en la región.
No es un dato menor que este enclave se encuentre a sólo unos cientos de kilómetros de las Islas Malvinas y de las reclamaciones históricas de la Argentina sobre el continente blanco.
El proyecto prevé instalaciones logísticas para el reabastecimiento de submarinos nucleares, hangares para aeronaves y depósitos de combustible, todos ellos bajo jurisdicción y mando estadounidenses.
Esta iniciativa, dicen sus impulsores, responde a “la necesidad de preservar rutas marítimas” y “apoyar operaciones humanitarias en la Antártida”. Sin embargo, para el ojo nacionalista, se erige más bien como un peón norteamericano en la partida estratégica del Atlántico Sur.
¿Dónde queda nuestra soberanía?
En plena crisis económica y política interna, el Gobierno nacional firmó un acuerdo con Washington que, de concretarse, dejaría en manos extranjeras el control de actividad militar en uno de los territorios más sensibles para nuestro reclamo antártico y por las Islas Malvinas.
El silencio oficial y la falta de anuncios claros sobre financiamiento y contraprestaciones alimentan la sospecha de que se están negociando “facilidades logísticas” sin consulta amplia al Congreso ni al pueblo argentino.