En el tramo final de su mandato al frente del Ejecutivo municipal de Paraná (Entre Ríos), la intendente Rosario Romero enfrenta un fuerte cuestionamiento público y político por presuntas maniobras de encubrimiento y protección de la actual dirigencia del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOyEM), organización gremial bajo sospecha de graves irregularidades financieras.

Un sindicato oficialista bajo la lupa

Según fuentes internas del Municipio, la jefa comunal habría desplegado una serie de gestiones orientadas a asegurar la continuidad en el poder de la cúpula oficialista del SUOyEM.

El principal objetivo, apuntan estas fuentes, sería "custodiar" a sus operadores más leales y garantizar el control del aparato gremial como caja de resonancia política de cara a las elecciones de 2025.

En el centro de la polémica figura el abogado Marcelo Franco, identificado como asesor legal de Romero y representante judicial del sindicato.

A Franco se le atribuye haber intermediado en acuerdos con las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) a través del IAPSER, e incluso haber participado de "arreglos" que beneficiaron a tres ex dirigentes procesados por una estafa de 16 millones de pesos en 2021, con un acuerdo de devolución por ese mismo monto.

Contrataciones irregulares y pedido de investigación

Además de su rol como abogado, Franco aparece en los registros municipales como empleado de Obras Sanitarias, sin que conste que haya cumplido funciones efectivas en esa dependencia.

Cerradas filas en torno a su persona, el oficialismo habría frenado hasta ahora cualquier intento de investigar su situación laboral, a pesar del reclamo de sectores internos disconformes con la conducción sindical.

El caso Carreras: persecución y presiones

La situación escaló cuando el empleado municipal Fabián Carreras, querellante en la causa por corrupción sindical, denunció haber recibido presiones para desistir de su acusación.

Tras solicitar audiencia con la intendenta Romero, Carreras asegura que recibió un llamado de Jesús Núñez, supuesto emisario oficial, con una propuesta de "acuerdo": cargos y contratos a cambio de limitar las responsabilidades judiciales a solo 2 dirigentes.

El trabajador rechazó la oferta y, según su testimonio, desde entonces fue objeto de "persecución laboral, ideológica y política" tanto desde el Ejecutivo como desde el sindicato mismo.

Gestiones "a nivel nacional" para frenar la normalización

A la par de este escenario, trascendió que desde el despacho de la presidencia municipal se habrían entablado conversaciones con referentes sindicales de alcance nacional (entre ellos dirigentes de camioneros y de la Federación de Sanidad) con el fin de evitar que el expediente de normalización del SUOyEM termine en manos del secretario de Trabajo de la provincia, Julio Cordero.

El miedo que motiva estas maniobras, según los denunciantes, es que una nueva conducción exponga "niveles de corrupción administrativa pocas veces vistos" en la historia reciente de la comuna.

Un final de gestión en tensión

El eventual recambio de autoridades sindicales no sólo afectaría el equilibrio de poder dentro del municipio, sino que también representaría un revés político y económico para Rosario Romero, acusada de utilizar recursos públicos desviados hacia actividades partidarias.

El reclamo de los trabajadores municipales cobra especial fuerza en un contexto de salarios por debajo de la línea de indigencia, lo que alimenta un malestar creciente en la planta de empleados comunales.

Hasta el cierre de esta edición, la intendenta Romero no respondió a los pedidos de entrevista ni a las solicitudes de aclaración sobre estas acusaciones. Tampoco obtuvo eco el pedido formal de inspección de la situación laboral de Marcelo Franco.

En los próximos días, la marcha del proceso de normalización sindical y las acciones judiciales vinculadas a la causa por estafa podrían marcar el destino político de la actual gestión y perfilar el mapa electoral de Paraná para 2025.