Se reactivaron en el ámbito político chaqueño los señalamientos que apuntan a Daniel Ernesto Romero, residente de Puerto Vilelas, mencionado en versiones y acusaciones políticas como un “gestor” que habría tenido intervención en la búsqueda de financiamiento nacional para la reactivación de parques industriales en la provincia.

Según estas versiones, Romero debía rendir cuentas ante la funcionaria Débora De Giorgi dentro del esquema de gestión de fondos destinados a proyectos productivos, incluyendo partidas que tenían como destino específico a Puerto Vilelas.

En ese contexto, una de las partidas que, de acuerdo a los planteos difundidos, estaba destinada justamente a esa localidad no habría llegado a concretarse, lo que generó cuestionamientos internos sobre el circuito administrativo y la responsabilidad de quienes intervenían en la gestión de esos recursos.

También se lo ubica políticamente como quien subrogó la intendencia de Puerto Vilelas durante el período en el que Orzo tenía margen de acción en la administración municipal, situación que forma parte del trasfondo que hoy vuelve a ser mencionado en las críticas.

Los cuestionamientos no se limitan únicamente al manejo de fondos, sino que se extienden a su situación económica, ya que distintas versiones sostienen que su nivel patrimonial resultaría llamativo para alguien que se desempeña como empleado dentro de la estructura pública, actualmente vinculado, según lo que se afirma en el plano político, al Ministerio de Producción del gobierno de Leandro Zdero.

En ese marco, se lo describe incluso como uno de los empleados públicos rasos con mayor capacidad económica dentro del ámbito provincial, lo que alimenta sospechas y debates sobre la evolución de sus ingresos.

A esto se suman menciones sobre su contexto personal, donde se señala una compleja dinámica familiar que incluiría un hijo mayor de edad con consumo problemático y un hijo propio con su nuera, elementos que son utilizados en el discurso político para reforzar las críticas hacia su figura y su exposición pública.

Las acusaciones que circulan en distintos sectores sostienen que el caso no se agotaría en los episodios ya señalados y que su nombre continuaría ligado a otros hechos.