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Con una comisión posterior a 2023, UATRE busca desactivar el mandato que llevó a Petriati a la conducción

La defensa de la dirigente sostiene que las nuevas autoridades transitorias nunca notificaron a quienes habían resultado electos y que ahora son utilizadas para desconocerlos.

Aixa Petriati fue electa Secretaria de Actas de UATRE por resolución firme de la Junta Electoral Nacional. Eso fue en 2023. Presentó la documentación con la demanda en marzo de 2026. La obra social a la que le reclama su puesto, OSPRERA, está intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional desde el mismo mes. Pero el Tribunal del Trabajo número 1 de La Plata todavía no decidió si vuelve o no a su silla. Tal vez esperan que lleve un Power Point con gráficos de torta y un video institucional para entender que una resolución electoral es un documento válido.

El 7 de agosto, después de la feria, la defensa de Petriati pidió que ya resuelvan. La obra social ya había contestado, las defensas previas estaban rechazadas, la litis trabadísima. El juez Nicolás Vigliarolo esperó hasta el 26 de agosto para responder. Y no fue con una sentencia, sino con una lista de nuevos pedidos: oficios al Ministerio de Capital Humano, a UATRE, datos de afiliados, información sobre la comunicación de la elección a OSPRERA. Como si la Resolución 475/23 hubiera llegado en papel de diario viejo y no como prueba documental desde el arranque.

No es que la cautelar sea compleja. Petriati fue despedida con tutela sindical vigente, sin juicio previo de exclusión. Eso es violar la ley de asociaciones sindicales de manera bastante burda. Pero el Tribunal prefiere actuar con la velocidad de un trámite en el Renaper. Mientras tanto, el interventor de OSPRERA, designado por decreto, ya lleva meses gestionando una obra social que el propio Estado considera en coma institucional. Y contra ese mismo Estado, que interviene pero no resuelve, la dirigente tiene que remar oficios que van y vienen como boomerangs.

El estatuto de OSPRERA no deja dudas: su Consejo Directivo se conforma con participación directa de UATRE. No son primos lejanos, son socios de la misma mesa. Pero al juez Vigliarolo le da por preguntarle a la obra social si sabía quién era la electa, como si le estuviera pidiendo a un almacenero que verifique el DNI de un cliente que compra todos los días. La respuesta estaba en el expediente, en la carta documento, en la resolución electoral y hasta en el TAD. Pero parece que en La Plata no les gusta leer en digital.

UATRE, por su parte, ya le respondió a Petriati con una jugada clásica del manual sindical: cuestionar su mandato actual con una comisión transitoria armada después del 2023, integrada por leales a Voytenco, sin notificar a las autoridades electas. O sea, primero la eligen, después le cambian el tablero y le dicen que ya no juega. La misma estrategia que usaron para despedirla mientras la tutela gremial la cubría. Pero el Tribunal, en lugar de ver esa maniobra burda, pide más datos de afiliados que trabajaron en la obra social durante 2023. Quizás también quieren saber qué desayunó cada uno.

Mientras tanto, Petriati espera. Los oficios se confeccionan, se libran, se contestan, se incorporan. Y recién después, si no aparece otro “previo” de la nada, el Tribunal decidirá si una cautelar que se presentó como urgente en marzo sigue siéndolo en septiembre. O tal vez para entonces la obra social ya haya cambiado de interventor, la comisión transitoria de UATRE haya mutado tres veces y Vigliarolo pueda pedir un nuevo informe sobre los resultados de las Paso de 2027.

 

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