Una presentación formal ante la Auditoría General de la Nación impugnó las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cintia Pamela Calletti, al sostener que el procedimiento que las avaló está viciado de nulidad por violar la Constitución, el debido proceso parlamentario y las reglas de conformación de los órganos de control.

La nota fue dirigida al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y cuestiona la Resolución 7018-D-2025, fechada el 17 de diciembre de 2025, cuando la votación se realizó a las 02:55 de la madrugada del 18 de diciembre. Para los firmantes, la discordancia temporal evidencia ilegalidad manifiesta y torna improcedente cualquier intento de consolidar efectos institucionales.

El planteo subraya que las designaciones ya están judicializadas mediante una acción de amparo en trámite ante la Justicia Federal, caratulada “Ritondo Cristian Adrián c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Amparo” (CAF 51793/2025), radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal NÚMERO 10. En ese marco, sostienen que avanzar con una jura o convalidación lesiona la legalidad y el equilibrio institucional.

Según la impugnación, los actos carecen de competencia funcional, vulneran el principio de legalidad y el debido proceso, y resultan insanablemente nulos conforme a los principios del derecho público argentino. Además, advierten que no se trata de una disputa política sino de respeto estricto por la Constitución y por los procedimientos establecidos en la Ley 24.156 y los reglamentos parlamentarios.

El escrito recuerda que la AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, consagrado en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y misión central en el control externo del Sector Público. En ese sentido, enfatiza que la designación de sus autoridades no es un acto administrativo interno ni una cuestión de privilegios parlamentarios, sino un procedimiento reglado que exige mayorías y formalidades específicas.

Por todo ello, se solicita que la AGN tenga por formulada la impugnación, se abstenga de convalidar las designaciones cuestionadas y adopte medidas para preservar la legalidad institucional, a la espera de lo que resuelva el Poder Judicial. El trasfondo, advierten, es evitar que un organismo clave de transparencia y control quede comprometido por decisiones tomadas de madrugada y a las apuradas.