De la organización social al partido político, pasando por la Sociedad Anónima con cuentas en el exterior.

Lo que se desprende de toda la documentación procesada es el manejo político que realizan estos funcionarios de los fondos públicos, transformado en un verdadero saqueo al Estado en función del armado territorial y político de estos sectores.

Varios integrantes del Movimiento Evita ingresaron a la función pública y establecieron un sistema que les permite inyectar dinero para sus círculos de acción. Tomaron los cargos de gestión, definieron esquemas normativos laxos y ambiguos que les permitían un manejo discrecional y arbitrario, y se aprovecharon de ello.

Entendemos que los mismos estarían utilizando el financiamiento estatal para su desarrollo territorial y de presencia política, en un contexto de gran vulnerabilidad social en Argentina y satisfaciendo sus necesidades como organización a través de su inserción en la política partidaria hacia dentro del Frente de Todos.

A través de las prestaciones individuales del Programa Potenciar Trabajo, extienden su capacidad territorial con militancia política como contraprestación sin ningún tipo de control externo, y aprovechan los convenios para tener caja y liquidez. La conducción del INAES les permite mantener un control sobre el universo de organizaciones de la sociedad civil que son alcanzadas a través de estas políticas y que conforman las organizaciones sociales.

Se construyó así una especie de Estado Paralelo, donde la gestión de las políticas sociales para las personas deja de depender del Estado y pasa a depender de los vínculos con algunas organizaciones sociales.

La utilización de la figura de la economía popular, la malversación de las estructuras institucionales y la deformación de las cooperativas de trabajo al servicio del desarrollo político del Movimiento Evita ha concluido en una total desprotección de las personas.

Todos los datos utilizados para el presente informe surgen de documentación pública a la que hemos obtenido acceso a partir de un largo proceso de reclamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Victoria Tolosa Paz.

La información de esta informe muestra cómo el programa Potenciar Trabajo fue cooptado por parte de organizaciones sociales y, particularmente por el Movimiento Evita, para hacer su política territorial. Están totalmente alejados del objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas o de reducir el impacto de la pobreza. Por eso los denunciamos.

La política de planes sociales y de empleabilidad del Gobierno Nacional actual es el Programa Potenciar Trabajo 2, el cual se estableció como una reconfigura de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, unificando ambos con el Salario Social Complementario.

El Programa establece 2 tipos de prestaciones. La primera y principal de las mismas es el Salario Social Complementario (SSC), que se establece como una prestación económica individual de percepción periódica, a cambio de una contraprestación en base a un plan de actividades que es auditada o verificada por las Unidades de Gestión.

Todas las personas receptoras del SSC deben formar parte de algún proyecto socio-productivo, socio-laboral, socio-económico y/o de terminalidad educativa que son congeniados con la Unidad de Gestión, la cual puede ser Gubernamental (municipios o provincias) o No Gubernamental (cooperativas, mutuales, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil).

Asimismo, y por fuera de lo que es las prestaciones de planes sociales, se fija una proporción de los recursos destinados al programa para la celebración de convenios de transferencia de recursos a las Unidades de Gestión No Gubernamentales teóricamente para el financiamiento de proyectos de capacitación o de adquisición de bienes para realizar trabajos de construcción o sociocomunitarios.

La denuncia que hemos realizado no se enfoca en los titulares de los planes sociales sino en convenios de financiamiento que el

Estado Nacional, desde la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, firma directamente con los representantes de las cooperativas, asociaciones y fundaciones, en gran proporción, integrantes del Movimiento Evita, estando de ambos lados del mostrador.

Con el ingreso de las organizaciones sociales al Ministerio de Desarrollo Social ha cambiado la lógica de este tipo de programas y se ha convertido en una repartición de los beneficiarios y de los convenios absolutamente discrecionales y orientado al desarrollo político de las organizaciones. Es la consecuencia directa de tenerlos de ambos lados del mostrador, otorgando, recibiendo y controlando el dinero público.

No solamente aumentó la discrecionalidad y se redujeron los controles sino que aumentaron las transferencias a cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones por este tipo de programas desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Los convenios celebrados en 2019 fueron multiplicados por diez en 2020. En 2019 se hicieron transferencias por 2 mil millones de pesos y en 2020 por más de 20 mil millones a valores actualizados conforme el índice de inflación.

Denuncia penal

Se llevó a cabo una denuncia penal a partir de la información recabada hasta ese momento contra los funcionarios a cargo de firmar estos convenios de financiamiento (Emilio Pérsico como secretario de Economía Social; Alexandre Roig como presidente del Instituto Nacional de la Economía Social; de Milagros Moya como directora nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES; y el actual representante de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, Gildo Ezequiel Onorato).

Se los acusa por los delitos de:

• Defraudación a la Administración Pública.
• Negociaciones incompatibles con la función pública.
• Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Asociación ilícita.

"Denunciamos que el Movimiento Evita copó las principales posiciones en el Estado Nacional a los efectos de distribuir de forma arbitraria dinero a sus asociaciones, fundaciones, cooperativas y federaciones para el desarrollo político-territorial de su organización y condicionar a los gobiernos. Los propios y los ajenos. Un mecanismo perverso que desvía el financiamiento público destinado a los más vulnerables", se comunicó.

Y siguió: "Con el programa Potenciar Trabajo, tenemos registro de los pagos realizados a las cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones mediante los mencionados convenios de financiamiento por un total de 17.854.976.107 pesos. Considerando la fecha de cada uno de los convenios y actualizando por el índice de inflación, hemos actualizado el valor de esos convenios resultando en más de 50 mil millones de hoy".

La particularidad de este programa es que cuenta con una gran discrecionalidad por parte de la Autoridad de aplicación (la Secretaría de Economía Social) para la selección de los proyectos a ser financiados mediante estos convenios.

La Secretaría de Economía Social es una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y está a cargo de Emilio Pérsico.

Este dinero fue repartido en un total de 761 pagos entre 227 cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones. Producto de nuestra investigación logramos identificar la pertenencia política de la mayoría de las entidades alineadas con alguna organización social. Del total, al menos 10.376.529.711 pesos que a valor actual supera los 30 mil millones, identificamos que fueron a las organizaciones sociales.

La más favorecida fue el Movimiento Evita, dirigido por el propio Emilio Pérsico que es quien se encarga de asignar estos convenios y recibió el equivalente a 15.803.619.444 pesos entre 2020 y 2022 a valores actuales 1.244.222.225.

En el reparto de los fondos públicos, el Movimiento Evita concentró más de la mitad de los fondos repartidos, mientras que el MTE, la CCC y el conjunto Barrios de Pie y Libres del Sur recibieron por encima del 10 por ciento. El 16 restante se repartió entre otras organizaciones, como la Túpac Amaru, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán y otras más.

Entendemos que la discrecionalidad con la que se celebran los convenios no solamente se refleja en la distribución de los recursos sino también en la forma en que se distribuye territorialmente los proyectos. Analizando la cantidad de proyectos que se realizaron en cada provincia sobre el total de convenios celebrados nos muestra una preponderancia en la participación de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que cada convenio incluye proyectos en más de una jurisdicción.

Esta preponderancia de la Provincia de Buenos Aires se ajusta a lo observado por la cantidad de dinero destinado en concepto de convenios a entidades con domicilio en los diferentes partidos de la Provincia. Se observa claramente el marco objetivo de desarrollo político-territorial en el conurbano bonaerense cuando 2 de cada 5 pesos de los convenios se destinó a entidades con domicilio en el Gran Buenos Aires.

No resulta casualidad que las organizaciones sociales hayan armado el Partido Patria de los Comunes en torno al Movimiento Evita y se hayan centrado en los Municipios de mayor desarrollo como son La Matanza, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Lanús, y Moreno. En Moreno tienen la intendencia.

Asociación civil Crepúsculo de Moreno

Recibieron convenios de Potenciar Trabajo por 93.950.000 pesos que a valores actuales equivale a unos 357.281.632,19. Esta asociación forma parte del Movimiento Evita 11 en Moreno donde gobierna la intendente Mariel Fernández que es del espacio mismo. Ivana Tolaba es la representante de la cooperativa.

Cooperativa de trabajo 2 de Septiembre

Recibieron convenios de Potenciar Trabajo por 57.413.450,40 pesos que a valores actuales corresponde a unos 231.672.187,42. Tiene un fuerte vínculo con Mariel Fernández, intendente de Moreno. Ella administra una red de cooperativas desde el Municipio principalmente formado por las cooperativas Ayelén, La Quebrada y 2 de septiembre, denuncia que ha sido seguido por los medios.

Damián Falfán además de ser representante de la cooperativa es subsecretario de Participación Ciudadana en el Municipio y forma parte del INAES.

Pedro Falfán, padre de Damián, es el presidente de la cooperativa 2 de Septiembre Limitada. Analía Cabaña, esposa de él, fue nombrada primero secretaria de Salud, y luego de Salud y Ambiente en el Municipio de Moreno. Giselle Coronel, su cuñada, está a cargo de la Dirección de Géneros.