Policial y judicial | 17:43

Trámite pendiente

El expediente por terrenos en disputa suma críticas a Ernesto Kreplak por no resolver un punto clave del conflicto

De Olivera advierte que la falta de resolución impide avanzar en propuestas de mediación y desarrollo.

La disputa por tierras en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo foco de conflicto luego de que Héctor Daniel De Olivera denunciara que el juez federal Ernesto Kreplak mantiene retenido un fallo vinculado a 60 mil lotes que asegura son de su propiedad. Según su planteo, esta situación estaría afectando tanto sus derechos como los de miles de familias involucradas en el proceso.

El señalamiento se suma a la carta que el propio De Olivera envió a la Gobernación bonaerense y al Juzgado Federal 3 de La Plata, donde acusó al gobernador Axel Kicillof y a funcionarios de su gabinete de haber avanzado en la transferencia irregular de tierras mediante la aplicación de la Ley Pierri y la Ley de Hábitat. En ese escrito, el denunciante habló de un presunto despojo de gran escala y apuntó a la firma de miles de escrituras que considera inválidas.

En este nuevo tramo del conflicto, el foco se traslada al ámbito judicial. De Olivera sostiene que existen resoluciones favorables en distintas instancias que respaldan su reclamo, pero afirma que la falta de definición sobre los lotes en cuestión estaría demorando cualquier avance concreto. En ese contexto, cuestiona el accionar del magistrado interviniente por no emitir una decisión sobre un punto que considera central.

El denunciante también reiteró propuestas para resolver la situación, entre ellas esquemas de mediación, cesión de tierras y planes de desarrollo habitacional. Sin embargo, asegura que no hubo avances y responsabiliza tanto a funcionarios provinciales como a sectores del Poder Judicial por la falta de resolución.

Hasta el momento, no se registraron respuestas públicas por parte del Gobierno bonaerense ni del juzgado señalado respecto de las nuevas acusaciones. El conflicto, que ya combinaba denuncias políticas y judiciales, suma ahora cuestionamientos directos al manejo de la causa y podría escalar si se formalizan presentaciones o medidas en los próximos días.

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