La reciente decisión del Gobierno de avanzar con la desregulación del sistema de patentes farmacéuticas abrió un nuevo frente de conflicto en el sector. En ese contexto, el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, lanzó fuertes críticas contra los laboratorios nacionales y advirtió sobre posibles repercusiones políticas.

La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, elimina restricciones vigentes desde 2012 que dificultaban el registro de nuevas patentes en el país. Según Peretta, este cambio permitirá que tanto empresas nacionales como extranjeras puedan proteger sus desarrollos e inversiones, lo que generaría mayor competencia en el mercado.

En ese marco, el dirigente apuntó directamente contra los laboratorios agrupados en CILFA, a quienes acusó de sostener un esquema basado en la copia de fórmulas y la venta de medicamentos a precios elevados. “Deberán optar entre competir o persistir con prácticas que encarecen los remedios”, sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de un cambio estructural en la industria.

Peretta también vinculó la discusión económica con una advertencia política. Afirmó que, según información que maneja, sectores del laboratorio nacional podrían intentar debilitar al Gobierno, en reacción a la medida. La comparación con antecedentes históricos elevó el tono del conflicto y dejó en evidencia el nivel de tensión que atraviesa el sector.

Desde su visión, la desregulación abre una etapa de mayor competencia, donde las patentes se respeten y, una vez vencidas, permitan la producción en igualdad de condiciones. En ese escenario, aseguró que podrían generarse precios más accesibles y nuevas oportunidades de inversión, aunque también advirtió que las empresas que no se adapten podrían enfrentar dificultades frente a la apertura del mercado.

El debate vuelve a poner en el centro la estructura del sistema farmacéutico argentino, con cuestionamientos sobre costos, regulación y acceso a medicamentos. Mientras el Gobierno avanza con su agenda de desregulación, el sector privado enfrenta un escenario de cambios que promete impacto tanto económico como político.