Por Nicolás Hourclé

El reciente arresto de Fernando Gabriel Cerimedo, en agosto de 2026, expuso con crudeza la vulnerabilidad de determinados sistemas de manipulación digital que, durante los últimos años, tuvieron un papel cada vez más importante en la política latinoamericana.

La caída de Cerimedo no se produjo por sus controvertidas estrategias políticas. Se produjo en el marco de una investigación judicial por un hecho de extrema violencia. En agosto de 2026 fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, y posteriormente enviado a la prisión de Palmasola bajo prisión preventiva por el intento de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller, quien cursaba un embarazo.

La investigación judicial reveló, además, mensajes encontrados en el teléfono de Cerimedo en los que se habría coordinado con sicarios que, haciéndose pasar por repartidores, atacaron a Beller a tiros.

A esta causa se suma una investigación paralela por enriquecimiento ilícito, luego del hallazgo de cientos de miles de dólares y bolivianos durante allanamientos realizados en La Paz.

Pero detrás de este caso aparece también otra cuestión que, durante mucho tiempo, estuvo presente en la política regional: la utilización de estructuras digitales para influir sobre la opinión pública.

Cerimedo fundó La Derecha Diario en 2021 y se convirtió en una figura vinculada a la construcción de estrategias digitales para sectores de la derecha latinoamericana.

Las investigaciones desarrolladas en Bolivia comenzaron, además, a poner bajo la lupa las denominadas “granjas de bots”, redes destinadas a amplificar determinados contenidos, instalar noticias falsas y generar la sensación de un respaldo social que muchas veces no existe de manera espontánea.

Cerimedo también tuvo vínculos con estrategias digitales relacionadas con Jair Bolsonaro y Javier Milei.

Después del escándalo producido en Bolivia, desde el gobierno argentino se buscó marcar distancia y señalar que no existía una relación formal desde 2023. Sin embargo, los registros oficiales muestran que Cerimedo ingresó en más de diez oportunidades a la Casa Rosada durante los primeros meses de 2024.

Esto obliga a mirar más allá de las etiquetas políticas.

Durante los últimos años se intentó presentar a determinadas expresiones de la derecha latinoamericana como defensoras de la libertad individual, la libertad económica y una nueva forma de hacer política. Sin embargo, muchas de las políticas impulsadas por estos sectores están vinculadas con modelos de desregulación económica, privatización y explotación de recursos naturales que generan fuertes cuestionamientos respecto de la soberanía económica de nuestros países.

También es necesario hablar de la relación entre estas políticas y la Doctrina Social de la Iglesia.

El catolicismo tiene una concepción del hombre, de la comunidad política, del trabajo, de la justicia social y de la defensa de los sectores más vulnerables que no puede reducirse a una cuestión electoral.

Por eso, cuando hablamos de una derecha anticatólica, debemos entender que estamos hablando de una contradicción política e ideológica cada vez más evidente, no de una organización formal que se reconozca bajo ese nombre.

También es necesario separar los hechos de las especulaciones geopolíticas.

Durante décadas, Estados Unidos tuvo una participación activa en la política latinoamericana y organismos como la CIA y USAID forman parte de esa historia. Pero no existen pruebas judiciales concretas que permitan vincular directamente a Cerimedo o a las operaciones investigadas en Bolivia con esas agencias.

La realidad conocida hasta ahora muestra otra cosa: una maquinaria privada de operadores digitales que trabajó alrededor de intereses políticos y que quedó expuesta a partir de una investigación judicial de enorme gravedad.

La caída de Cerimedo debería servir para mirar con mayor atención aquello que ocurre detrás de determinados discursos políticos y operaciones coordinadas en internet.

La política no puede construirse sobre la mentira, la manipulación, el financiamiento oscuro ni la violencia.

Y mucho menos puede utilizarse la defensa de la libertad como una excusa para destruir los valores, la dignidad humana y la justicia social que forman parte de la tradición nacional y cristiana de nuestros pueblos.