En Río Negro, el gobierno de Alberto Weretilneck volvió a quedar en el centro de la polémica tras la confirmación de 82 nuevas cesantías y 6 exoneraciones en la administración pública. La medida se suma a un acumulado de 513 sanciones desde 2024, en un contexto donde gremios y trabajadores denuncian persecución política y disciplinamiento interno.

Mientras la Secretaría de la Función Pública sostiene que se trata de una política para “ordenar” el Estado y garantizar que “el sueldo que paga cada rionegrino sea por un trabajo bien hecho”, desde diferentes áreas del sector público aseguran que las cesantías no son lo que parecen.

Trabajadores y delegados afirman que en muchos casos los sumarios responden a perfiles críticos, empleados que no participaron activamente en la campaña política o que se negaron a militar a favor de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en las elecciones del 26 de octubre, elecciones que terminaron en una dura derrota para el oficialismo.

“Acá el mensaje es claro: o respondés al poder político o te quedás afuera. Esto es disciplinamiento y persecución. Están limpiando”, afirmó un referente gremial consultado.

Una derrota que abrió el escenario del ajuste interno

La caída electoral dejó consecuencias profundas. Weretilneck se convirtió en el único gobernador del país que no tendrá representación propia en el Congreso Nacional, un dato que dentro del oficialismo fue leído como un fracaso político histórico.

En ese marco, comenzaron a circular versiones respecto de que en 2026 se “caerán” decenas (y posiblemente cientos) de contratos dentro del Estado provincial, como parte de un proceso de recorte que estaría atado no solo a cuestiones presupuestarias, sino al reacomodamiento de lealtades internas. El mensaje puertas adentro, según trabajadores, es directo: “El que no militó, no sigue”.

La frase que resuena en los pasillos oficiales es conocida: “No aclares que oscurece".

Mientras desde el Gobierno se insiste en la legalidad y transparencia del proceso disciplinario, cada justificación parece agrandar la sospecha de fondo: que el aparato estatal se está usando para castigar, condicionar y someter a sus propios trabajadores.

Sumarios, sanciones y la versión oficial

Según los datos difundidos por la propia Secretaría de la Función Pública:

• Más de 900 expedientes se tramitaron entre 2024 y 2025.
• 403 suspensiones, 22 apercibimientos, 82 cesantías y 6 exoneraciones ya se aplicaron.
• La Junta de Disciplina, con participación de UPCN y ATE, sigue activa y “profundizando el proceso”.
• La secretaria Tania Lastra sostuvo que “el fortalecimiento institucional es un pilar de esta gestión”. Sin embargo, dentro del Estado provincial, el clima es otro: miedo, silencio y pérdida de derechos.

La pregunta que crece en Río Negro

Con una administración debilitada políticamente, sin representación nacional y con alta conflictividad gremial: ¿Weretilneck busca ordenar el Estado o sostener el control interno a cualquier costo?

Porque, como dice el viejo refrán, no aclares que oscurece.