La intendente de Paraná (Entre Ríos) Rosario Romero fue denunciada penalmente por el manejo del sistema de transporte urbano de la ciudad. La presentación fue formalizada por el abogado Berta Schroeder ante el Ministerio Público Fiscal y apunta a una serie de decisiones políticas que, según el escrito, no fueron erráticas ni accidentales, sino preordenadas, direccionadas y eventualmente delictivas.

La denuncia sostiene que el colapso del transporte en Paraná no ocurrió de manera repentina, sino como resultado de un proceso deliberado que llevó al sistema “hasta el borde”, dejando vencer la concesión vigente el 6 de diciembre de 2025 sin una transición ordenada. En ese contexto, el foco queda puesto en la Licitación Pública número 31/2025, señalada como el eje central de un presunto armado para garantizar un resultado predeterminado.

Según el escrito, el pliego licitatorio no habría sido neutral ni competitivo, sino diseñado para expulsar operadores existentes, quebrar condiciones de igualdad y cargar costos críticos que los volvieran inviables. Uno de los puntos más sensibles es el laboral: la denuncia afirma que el diseño buscó eludir la continuidad del empleo prevista en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, habilitando un “borrón y cuenta nueva” que dejó a trabajadores históricos fuera del sistema.

En ese escenario, se señala a Transporte San José S.A. UTE como el operador “predeterminado” para quedarse con el servicio. Sin embargo, el planteo va más allá de la adjudicación. La denuncia advierte que, en la práctica, los actos, registros y trámites se habrían realizado a nombre de Transporte San José S.A. como sociedad individual, utilizando la UTE solo como una cobertura formal. De confirmarse, esto implicaría que el servicio público estaría siendo operado por un sujeto distinto al evaluado y adjudicado, lo que trasladaría el caso del plano político al penal.

Entre los elementos mencionados figuran registros y constancias del sistema SUBE asentados a nombre de la sociedad anónima y no de la UTE, un dato que, según la denuncia, resulta clave para determinar si hubo simulación de legalidad en una contratación pública.

La Justicia laboral aparece como un punto de quiebre. El 26 de noviembre de 2025, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 7 dictó una cautelar innovativa que ordenó a la adjudicataria absorber transitoriamente a todo el personal que venía prestando el servicio, para evitar un daño social y garantizar continuidad laboral.

Sin embargo, la denuncia sostiene que, aun notificada esa orden, el 7 de diciembre el nuevo operador comenzó a funcionar con personal nuevo, dejando afuera a los trabajadores anteriores. Incluso se menciona una postura pública del gerente general en Paraná, Hugo Ruiz, en la que habría anticipado la decisión de no acatar la resolución judicial.

Con ese cuadro, la presentación no habla de irregularidades aisladas, sino de una maniobra integral que podría configurar delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, desviación de poder, tráfico de influencias y concertación, además de una afectación directa al interés público.

Por eso se solicitó el secuestro del expediente completo de la licitación, pliegos, dictámenes, actas, ofertas, contratos, documentación de SUBE, pedidos de acceso a la información y la individualización de responsabilidades políticas y administrativas.

Más allá del expediente, la denuncia pone el foco en las consecuencias visibles. Un sistema sostenido a fuerza de fatiga laboral, con choferes sobreexigidos, menos frecuencias, mayor demanda y un servicio deteriorado.

Según el escrito, cuando el transporte se convierte en un laboratorio de poder, el costo lo pagan quienes no firman contratos: los usuarios, los barrios y los trabajadores, que terminan sosteniendo con el cuerpo lo que la política no sostuvo con previsión.

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